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Durante el proceso electoral 2017- 2018, la violencia política de género encontró en las tecnologías y las redes sociales un medio más para materializarse, de acuerdo con lo datos registrados y analizados por Luchadoras MX 62 candidatas de 24 estados del país denunciaron algún tipo de agresión de este tipo, a partir del análisis de estas cifras y de casos específicos se puede evidenciar que este tipo de violencia generó un ambiente hostil para que las candidatas pudieran ejercer plenamente y en igualdad de condiciones sus derechos políticos

El monitoreo y registro de este tipo de agresiones da cuenta de que la violencia digital contra las mujeres es una manifestación de la violencia histórica cometida a través de nuevos medios tecnológicos. Si bien es positivo que los protocolos de atención del Instituto Nacional Electoral (INE) reconozcan ya el entorno digital como un espacio donde sucede la violencia política es imprescindible que los órganos electorales locales tengan en cuenta su gravedad y la consideren un ámbito de su competencia al mismo tiempo que es urgente que existan estructuras y recursos de apoyo al interior de los partidos políticos.

EL PAPEL DE LAS TECNOLOGÍAS EN UN PROCESO DEMOCRÁTICO QUE HIZO HISTORIA

Las pasadas elecciones marcaron la historia de México de acuerdo con información oficial del INE se disputaron un total de 18 mil 299 cargos públicos a nivel federal y local, la participación ciudadana fue extensa, más de 56 millones de ciudadanas y ciudadanos votaron (lo que representa casi el 64 por ciento del listado nominal) y en materia de igualdad de género estas elecciones no tienen precedente: por primera vez en la historia se aseguró la paridad en el Senado, conformado en un 49.22 por ciento por mujeres y en la Cámara de Diputados, con una participación del 48.6 por ciento.

Ese nivel de participación ciudadana y probablemente el alcance de la paridad de género en el Congreso de la Unión se vieron impulsados en esta elección por el uso de internet y en particular de las redes sociales por parte de las y los votantes. “La manipulación y las tácticas de desinformación jugaron un rol importante en las elecciones al menos en 17 países en el último año, perjudicando la habilidad de la ciudadanía para escoger a sus líderes con base en noticias basadas en los hechos y un auténtico debate”, señaló la organización Freedom House en su informe “Freedom on the Net 2017”.

Gran parte de la información del proceso democrático (campañas, candidaturas, debates, corrupción) fue difundida y consultada a través de internet y redes sociales. Los candidatos presidenciales declararon gastar 106 millones 277 mil 182 pesos en redes sociales.

El proceso democrático también fue histórico por el nivel de violencia política registrado, la consultora política Etellekt registró un total de 774 agresiones contra políticos durante todo el proceso electoral, 152 fueron asesinatos. En su reporte “Violencia Política contra Mujeres en México 2018”, publicado en junio de 2018, reportó una cifra de 106 mujeres políticas, candidatas o precandidatas agredidas, siendo las amenazas y actos de intimidación las agresiones más frecuentes.

Es importante destacar que las mujeres que deciden contender por un cargo de elección popular enfrentan diversas formas de violencia política que las ponen en desventaja y les impiden competir en condiciones de igualdad. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) reportó recibir 40 denuncias, por su parte el Instituto Nacional Electoral recibió 90 quejas y el Tribunal Electoral indicó resolver 56 juicios en la materia.

VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO A TRAVÉS DE LAS TECNOLOGÍAS

“Llegó al punto que no importaba lo que publicara (en redes sociales) siempre había un tweet violentándome. Por ejemplo, un día publiqué sobre el feminicidio y un usuario contestó ‘Yo espero el hombre que cometa esto contigo’, las agresiones eran fuertes y constantes”, contó en entrevista Lucía Rojas, joven feminista que contendió como candidata independiente durante las pasadas elecciones.

Lucia, quien ahora es diputada federal sin partido, fue atacada en redes sociales por primera vez tras haber sido vocera y colaboradora en una investigación sobre corrupción, y enfrentó un continuum de violencia desde el momento que entró en la esfera política, cuando se pronunció como candidata independiente y al unirse a la coalición “Por México al Frente”

“Eran ataques a mi imagen, por tener tatuajes y piercings, por ser mujer, joven y lesbiana. Se cuestionaba mi credibilidad, conocimiento y experiencia. Se trataba de expresiones discriminatorias (…) los ataques (fueron) sistemáticos y bastante fuertes. En las posturas que defiendo el aborto y la LGBTT+ se nota que pretenden dictaminarme, silenciar y atacar esas voces que hablan, que opinan y no callan. Las respuestas a cualquier comentario es en ataque”.

Las expresiones discriminatorias como las que enfrentó Lucía son la manifestación de la violencia simbólica contra las mujeres, un discurso basado en ideas preconcebidas tradicionales de género, como pueden ser comentarios abusivos o insultos electrónicos machistas.

A través del monitoreo de denuncias de violencia política en portales de información, el monitoreo de la conversación social el Twitter y Facebook, la habilitación de un registro en línea, las herramientas de transparencia y entrevistas a profundidad, Luchadoras MX logró identificar y registrar las agresiones tecnológicas contra las mujeres candidatas en este proceso electoral, utilizando como marco de referencia la “Tipología de 13 formas de agresión contra las mujeres relacionada con las tecnologías”.

Lucía es una de las 9 candidatas que contendía en la CDMX y que denunció las agresiones que estaba enfrentando, aunque el registro sólo da cuenta de la violencia que fue denunciada no hay duda de que la extensión de esta forma de violencia es mucho más amplia que el número de casos registrados en este informe y tiene carácter nacional, se documentaron agresiones en 24 estados del país.

Estados en donde candidatas denunciaron agresiones.

Entre los factores de falta de denuncia se pueden encontrar la normalización y falta de sensbilización sobre la gravedad de esta forma de violencia; la falta de mecanismos existentes (o conocimiento de ellos) para su atención tanto al interior de los partidos políticos o en instituciones públicas; la falta de recursos económicos y de tiempo con que cuentan las candidatas para dedicar esfuerzos de documentación y denuncia en medio de momentos de campaña electoral. Además de diversidad geográfica, también

En el 2012 Leidy Guadalupe se convirtió en la primera alcaldesa de Xocchel, en el estado de Yucatán, en lo que considera un ambiente machista. Sin embargo, en las elecciones 2018 enfrentó un contexto plagado de agresiones incluso desde la pre-campaña a través de ataques constantes, memes y mensajes en que se cuestionaba su llegada a la política: “Me preguntaban ¿con quién me acosté para llegar aquí?, desacreditaban mi carrera, el trabajo que me ha costado llegar”.

Leydi recibió ataques que provenían de cuentas falsas, eran realizados por un mismo grupo. Recurrió a las autoridades pero no recibió el apoyo esperado: “Desde que recibí los primeros ataques por mensajes privados, hasta los memes o comentarios en mis redes sociales, yo traté de contactar con la policía cibernética pero hubo muchos impedimentos”. La serie de ataques en su contra se extendió hasta el 1 de julio, día de la elección, que terminó con la quema de urnas y boletas. Fue hasta entonces que se le prestó atención a los ataques en su contra, a pesar de que ella considera que la amenaza estaba allí desde que recibió el primer mensaje.

USO DE LAS TECNOLOGÍAS COMO HERRAMIENTA DE ATAQUE

Ana Sofía Orellana apoyándose en las redes sociales decidió hacer una campaña a través de la plataforma de citas Tinder, en lo que para ella fue una estrategia para acercarse a los y las jóvenes. Si bien su campaña duró un día, ya que la cuenta fue bloqueada, cuando se publicó una nota en el periódico Reforma sobre su estrategia las agresiones iniciaron: “periódicos, medios digitales, noticieros, nacionales y extranjeros comenzaron a hablar de mi campaña, difundieron información falsa, en todas las notas hablaban más de las supuestas fotografías en mi perfil de Tinder, que de mis propuestas o estrategia de campaña”, contó en entrevista.

De acuerdo con su testimonio, tras haber participado en una entrevista con Adela Micha los ataques aumentaron, la llamaron “prostituta, teibolera, sin estudios, pareja de narco, me preguntaban que ¿dónde estaba mi sugar daddy?, hablaban de mi cuerpo, incluso Adela me pregunto al aire ¿si yo no había dado algo –mi cuerpo- a cambio de mi candidatura?”.

Tanto los medios de comunicación como algunas personas usuarias de redes sociales investigaron a Sofía en sus redes sociales, encontraron imágenes en donde ella se encontraba en ropa interior o traje de baño, las sacaron de contexto y las difundieron, en su buzón de Facebook e Instagram recibió imágenes pornográficas y fotografías de penes no solicitadas.

Lo anterior responde a un patrón de agresiones que mediante el análisis de datos, testimonios y casos fue posible identificar y que consititó en la articulación de agresiones que se habilitan entre sí, complejizando y profundizando el daño hacia las mujeres víctimas de esta serie de ataques.

Esta “cadena de agresiones” consiste en cuatro situaciones entrelazadas que suceden una a la otra: Doxxeo; es decir, la investigación y obtención de información índole personal sobre una candidata; manipulación de la información que consiste en la elaboración de collages, fotomontajes, videos o información falsa, construida de tal forma que parezca real y con la intención de hacerse pública; desprestigio; la puesta en circulación en el espacio digital del material creado, en ocasiones acompañado de un hashtag ofensivo y expresiones discriminatorias; la recepción de insultos o agresiones contra la candidata por parte de usuarios de redes sociales en respuesta a la información puesta en línea.

Este patrón es visible también en el caso de Patricia Azcagorta, candidata a Presidenta Municipal por Movimiento Ciudadano en Sonora. Cuando ella se registró como precandidata circuló en las redes sociales un video en el que aparece una mujer bailando en ropa interior con la canción del Movimiento Naranja de fondo. El video se difundió junto con fotografías de la precandidata y mensajes que le atribuían ser bailarina nudista. Más tarde surgió el hashtag con el que se le denominó #LadyMovimientoNaranja.

Inmediatamente la candidata y su equipo señalaron la falsedad del video y levantaron una denuncia ante las autoridades. Sin embargo, el daño tuvo un carácter continuado, la acompañaron y trascendieron la campaña; incluso las notas y los tweets que difundieron la denuncia y su respectiva aclaración reprodujeron su imagen sexualizada. Aún meses después las búsquedas en Internet bajo su nombre arrojan como principales resultados el hashtag, los videos y sus imágenes. En este caso además se rastreó la existencia de una cuenta falsa en Twitter con su nombre en la que se publican fotos y videos pornográficos.

Es importante señalar que esta “cadena de agresiones” revela una intención explícita del uso de tecnologías como herramienta de ataque. Es una forma sofisticada de desprestigio que implica la puesta en operación de recursos como tiempo y esfuerzo para la realización de cada una de estas actividades, pese a que pueden darse acciones para retirar el material falso, ya sea de parte de autoridades judiciales o algún otro actor relevante, estas imágenes pueden haber sido guardadas o replicadas por múltiples sitios por una cadena de viralización, de manera que su efecto es difícil de controlar.

ATAQUES ORGANIZADOS

Como se ha señalado, las redes sociales fueron uno de los medios principales de información sobre las elecciones, pero también fueron un canal de expresión y conversación social. De acuerdo con información del diario La Jornada la candidata a la alcaldía de Coyoacán por la coalición “Juntos haremos historia” en Ciudad de México recibió una serie de amenazas de muerte, ataques a su propiedad y calumnias de “asesina” durante la campaña electoral. Además, fue blanco de una campaña de movilización en Twitter bajo el hashtag #DefraudoComoRojo.

Con el objetivo de explorar la capacidad de movilización y difusión de la comunidad agresora durante el posicionamiento de dicho hashtag analizamos 1,575 tuits, data que fue extraída a través de la herramienta Twitter Archiver entre el día 25 y 26 de Junio 2018.Este análisis permitió identificar a diez usuarios con mayor capacidad de difusión (determinado por el número de retuits), siete cuentas de las cuales fueron suspendidas. Por el comportamiento de la conversación se puede concluir que esta campaña fue llevada a cabo por un grupo coordinado de usuarios en Twitter, con la intención principal de posicionar los hashtags.

AGRESIONES DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO

Siguiendo los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y del Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica, el INE destaca que para considerar que un acto de violencia (no necesariamente política) se basa en el género deben tomarse en cuenta dos criterios:

Cuando la violencia se dirige a una mujer por ser mujer. Es decir, cuando las agresiones están especialmente orientadas en contra de las mujeres por su condición de mujer y por lo que representan en términos simbólicos, bajo concepciones basadas en estereotipos. Incluso, muchas veces el acto se dirige hacia lo que implica lo “femenino” y a los roles que normalmente se asignan a las mujeres.Cuando la violencia tiene un impacto diferenciado en las mujeres; es decir afecta a las mujeres de forma diferente que a los hombres y cuando les afecta en forma desproporcionada.

El análisis de los datos obtenidos por Luchadoras MX arrojó que el 62 por ciento de las agresiones registradas tuvieron una razón de género, y fue posible identificar 5 razones de género.

La primera es el juicio de carácter sexual que puede ser entendido como una agresión dirigida a alguna mujer señalando un comportamiento, supuesto o real, sobre el ejercicio sexual de las mujeres, que no se ajusta a las expectativas sociales y que tiende a ser restrictivo y limitativo de sus derechos sexuales.

La objetualización sexual se da cuando una mujer es tratada como un objeto para placer y valoración de otros, generalmente la mirada masculina. Se manifiesta cuando se hace referencia al cuerpo o alguna parte del cuerpo de una mujer, en las agresiones contra la familia se involucra a algún miembro de su familia, generalmente hijas/os. En este caso, las candidatas son agredidas en tanto su rol de madres o cuidadoras.

Por su parte la razôn de género asociada a los roles de género se refieren a agresiones que hacen alusión al lugar y comportamiento que debe tener una mujer en el sistema dominante de género refiriéndose a los roles socialmente asignados o considerados adecuados para una mujer y finalmente cuando se hacen alusiones, críticas o descalificaciones a un aspecto de la apariencia también se considera una razón de género.

El hecho de que la violencia política contra las mujeres cada vez sea más reconocida y denunciada públicamente hizo viable en gran medida esta investigación, ya que todas las agresiones registradas fueron hechas públicas ante los medios o instancias con competencia y eso hizo posible rastrearlas. Sin embargo, también es cierto que este tipo de agresiones tiende a ser normalizada o menospreciada dado su carácter virtual, y que la valoración del riesgo que representa o de las afectaciones que provoca sigue estando mayoritariamente apegada la materialización de un ataque físico, y no de las otras consecuencias que también son reales.