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Una reflexión feminista sobre la libertad

Una de las banderas principales del feminismo es, y ha sido por décadas, el derecho a decidir de las mujeres. Decidir sobre su cuerpo, sobre su curso de vida, sobre su profesión u oficio, sobre su vida reproductiva. Este reclamo ha enarbolado miles de movimientos feministas y luchas sociales que buscan acabar con la desigualdad —no sólo de género, sino también de clase.

Sin embargo, en una instancia entre previa y paralela, el reclamo que más se ha hecho latente desde los movimientos feministas —y de las mujeres en general— últimamente es el de ser libres. Libres de andar, libres de vivir. Para poder decidir se necesita, primero, ser libre. ¿Qué representa la pugna por la libertad en un país donde matan a más de 8 mujeres al día, en un país donde secuestran a mujeres y a niñas para venderlas como mercancía?

La lucha normativa por el reconocimiento y el acceso al pleno ejercicio de la autonomía es una suerte de paradoja en la actualidad. Mientras la mayor parte de los movimientos feministas pugnan por la legalización del aborto, hay discrepancia cuando respecta a la mercantilización de los cuerpos femeninos: la prostitución, la pornografía, el alquiler de vientres. Las posturas teóricas se dividen entre liberales y radicales, desviando sólo en el discurso la atención a la enorme ola de violencia que sufrimos en el país, y con ello el reclamo automático que se coloca como urgente: que no nos maten.

En este debate, sin embargo, hay varias formas de argumentar que el que se plantea es un falso dilema, puesto que la problematización de las circunstancias que cuestionan la libertad para tomar decisiones, que más que expresar libertad expresan un conjunto de desigualdades, restricciones y violencias que orillan a las mujeres a tomar ciertas decisiones, ha sido planteada desde hace más de doscientos años por feministas1 y al mismo tiempo ignorada por los principales teóricos liberales.

Para poder hablar de autonomía, las decisiones habrían de ser tomadas libremente, pero esa condición de libertad plena no es accesible ni garantizable a las mujeres en la actualidad, aunque es un hecho que a unas mucho menos que a otras. ¿En qué medida podemos afirmar que una mujer que decide vender su cuerpo lo está haciendo desde una posición de plena libertad?, ¿en qué medida podemos decir que quien elige tomar el transporte público tiene la suficiente libertad de considerar otras opciones?

Es fácil cuando se habla de libertad incurrir en nociones políticas —y económicas— de liberalismo. La idea de que la libertad es un derecho individual fundamental y que cualquier límite a ésta debe ser justificado es el núcleo del liberalismo como pensamiento político; de ahí se erige como recurso para el feminismo en la búsqueda por la libertad política de las mujeres. A partir de dicha premisa el feminismo liberal ha defendido banderas de empoderamiento individual (sic) que, no obstante, pecan de omisión de los limitantes estructurales —que se manifiestan entre regiones, estratos sociales, raza o clase, y una larga lista de opresiones— de la misma forma en que el neoliberalismo económico ha construido un discurso en torno al mérito que omite las estructuras de opresión que exacerban y fomentan la desigualdad.

Por ello, mientras hay elementos de algunas formas de entender el liberalismo que han servido a algunas de las causas del feminismo liberal, relacionados principalmente con la libertad del individuo en relación con el Estado (Susan Okin, por ejemplo, postula que el liberalismo bien entendido es crucial para el feminismo puesto que se niega radicalmente a aceptar jerarquías y se concentra en la igualdad y libertad de los individuos), desde varios espacios de pensamiento político feminista se ha rechazado el liberalismo, y llegado incluso a erigir al feminismo como oposición ante éste.

Para el caso del debate liberal vs. radical que se concentra en temas como la prostitución, la renta de vientres y la pornografía que acabo de mencionar, la escisión surge de reconocer que los principios liberales en que se fundamentan contratos sociales que conciben la idea de propiedad de la persona y los acuerdos son basados en principios liberales que distan mucho de procurar el estado de libertad de las personas, de las mujeres. Enunciar que estar en una relación contractual no garantiza la libertad, ni en el acto de contratar, ni en el ejercicio de los términos del contrato. Por el contrario, como Pateman denuncia ampliamente (1995), el contrato social moderno reafirma la relación de dominación y subordinación de los hombres sobre las mujeres.

Aun en casos donde las mujeres son, aparentemente, dueñas de su cuerpo y suscriben voluntaria y libremente a un servicio, en realidad son sujetas de ciertas formas de poder que sostienen las relaciones entre hombres y mujeres como patrón/súbdita, convirtiendo así al contrato en una forma de disfrazar la subordinación original; y el discurso liberal insiste en hacer recaer la responsabilidad en quien oferta el servicio al poner dinero de por medio y alegar que se aceptó voluntariamente, que la decisión fue suya.

El punto no es precisamente abogar por alguna de las espurias oposiciones al liberalismo, como serían el marxismo —o el populismo, según el discurso y pleito contemporáneo de la comentocracia mexicana,2 cuya crítica principal contra estas opciones gira en torno a la merma del bienestar individual en la búsqueda del bien colectivo. Lo ideal sería poder plantear formas alternas de análisis social, e incluso de ejercicio político, que sitúe el foco en el bienestar de los individuos —más que en su libertad y sus derechos— tal como plantea la ética individualista.

El individualismo ético cuestiona quién o qué debería contar en los ejercicios de evaluación y decisiones tomadas. Postula que los individuos, y sólo los individuos, son las unidades últimas de preocupación moral. Es decir, en la evaluación lo que importa son los efectos de los estados sociales en los individuos, más que en las estructuras y propiedades sociales. El individualismo ético implica evaluar esas estructuras y construcciones sociales en función de la importancia que tienen en el bienestar de las personas, sólo si son factores relevantes para este fin último (Robeyns, 2008).3 En este tenor, el individualismo ético plantea, incluso, una solución ante ciertos reclamos liberales.

El análisis que hace el individualismo ético resulta, por lo tanto, pertinente no sólo para el feminismo sino para las ciencias sociales e incluso para las políticas públicas, toda vez que procuraría que las mujeres y niñas accedan a todos sus derechos y no sean subsumidas bajo la pantalla del bienestar de la casa, de la familia, de la comunidad o de la sociedad. En contraparte, las nociones éticas no-individualistas no reconocen los intercambios entre el bienestar de diferentes miembros de dichas comunidades, familias u hogares; justifican las relaciones de poder existentes y las jerarquías porque quienes ostentan el poder tienen más peso en la determinación y definición del bienestar.

Pensar en bienestares agregados justifica las desigualdades al interior de dichos agregados, mientras que pensar en libertades individuales niega las estructuras de opresión y de restricción en la toma de decisiones, como es el caso del neoliberalismo, en donde se tiene que jerarquizar el valor de las personas en función de su agencia y del acceso que tienen a decisiones libres.

Las sociedades democráticas liberales contemporáneas que se enmarcan en este modelo viven y reproducen continuamente la desigualdad de género de facto en la cara de una equidad de género de jure y normativa, que promueve y defiende políticas públicas rosas y estrategias institucionales arbitrarias, y a todas luces retrógradas, ante las oleadas de violencia que entre las mujeres y la sociedad civil cada vez es más manifiesta.

¿Son libres las mujeres? ¿Son, quienes deciden (sea esta decisión la de vender su cuerpo o la de salir a la calle), conscientes de las estructuras de opresión? ¿Son, por lo tanto, responsables? Se construye retóricamente un culto a la libertad que no tenemos: nos convencemos del libre albedrío cuando las decisiones que podemos tomar se acatan cada vez más en función de las estructuras de opresión que a cada quién le toca soportar, creando restricciones4 en todos los procesos de toma de decisiones.

¿Nos sirve esa noción de libertad cuando vivimos en una sociedad que nos está matando? ¿Cómo podemos, desde el feminismo, apelar a la libertad para defender el derecho (sic) al trabajo sexual, o al comercio de cuerpos, cuando es el mercado de consumo de mujeres el que deriva en los índices tan altos de violencia contra las mujeres, cuando es la satisfacción de ese mercado lo que provoca que a las mujeres se les secuestre, que niñas de 13 años sean vendidas como mercancía sexual?

La distinción entre decisión y circunstancias se ha vuelto un elemento paradigmático en las teorías contemporáneas liberales de justicia distributiva e igualdad, ante las cuales propuestas como el individualismo ético postulan una alternativa. En ese sentido, el feminismo como doctrina, incluso como ideología, tiene que partir de la procuración del bienestar de cada una de las mujeres, y no del aglomerado abstracto que, más seguido que no, invisibiliza y reproduce las circunstancias y violencias específicas que viven el resto de las mujeres.

Bien nos haría aprovechar no sólo el cambio de gobierno, sino los debates y las discusiones que se han suscitado a partir de éste para plantear nuevas formas de organización, de análisis, de evaluación, que pongan de una vez por todas de frente el bienestar de todas las personas y no exclusivamente de quienes pueden acceder a ejercicios relativamente plenos de libertad mediante decisiones relativamente libres. La coyuntura vale la pena para preguntarse y recalcular sobre en dónde se está poniendo el foco de análisis, y en qué medida no sólo el liberalismo, sino el populismo, y hasta ahora todas las demás doctrinas, han fallado no sólo, pero sí principalmente, a las mujeres.

 

Sofía Mosqueda
Internacionalista por El Colegio de San Luis y Maestra en Ciencia Política por El Colegio de México. Es asesora legislativa y consultora política.

Bibliografía
Okin, Susan Moller (2004). Gender, Justice and Gender: An Unfinished Debate. En: Fordham Law Review.
Pateman, Carol (1995). El Contrato Sexual. México: Anthropos, UAM.
Robeyns, I. (2008). Sen’s capability approach and feminist concerns. In F. Comim, M. Qizilbash, & S. Alkire (Eds.), The Capability Approach: Concepts, Measures and Applications (pp. 82-104). Cambridge: Cambridge University Press.
Valian, Virginia (1998). Why so slow? The advancement of women. Cambridge: MIT press.


1 Mary Wollstonecraft, aun cuando liberal, cuestionaba los postulados de Rousseau desde 1792 en Reivindicación de los derechos de las mujeres.

2 A manera de referencia, consúltese el reciente texto sobre una de las disputas de Luis Monroy-Gómez-Franco.

3 La autora elabora sobre el individualismo ético, en oposición al individualismo metodológico y ontológico, a partir del análisis que hace del enfoque basado en las capacidades de Amartya Sen, que a su vez es una herramienta muy útil para plantear formas alternas de teorizar sobre las libertades y el bienestar.

4 No sólo las restricciones en las decisiones tienen género, sino que las preferencias detrás de las decisiones son moldeadas por el género y por otros procesos sociales y psicológicos que el género cruza (es, por ejemplo, sabido que los estereotipos causan discriminación contra las mujeres y además terminan por afectar sus preferencias y comportamientos (Valian 1998)).

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