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Una política de austeridad sin nosotras

Por: Gretha Jimena Vilchis

Isabel López Padilla

Desde el inicio del sexenio, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una serie de medidas encaminadas a reducir el gasto público a las que denominó de “austeridad republicana”. A la fecha, esta austeridad ha impactado no sólo en la reducción o eliminación de gastos excesivos de otras administraciones, sino también en la operación de diversas instituciones públicas encargadas de diseñar e implementar políticas para garantizar los derechos de las víctimas, de las personas y comunidades indígenas y de las mujeres y niñas, entre otras poblaciones en situación de vulnerabilidad.

De manera particular, como consecuencia de la pandemia por COVID-19, el Gobierno Federal anunció un recorte del 75% al gasto operativo de la administración pública federal. Esta reducción se suma a diversas decisiones controversiales tomadas antes de la pandemia que han abierto un debate importante sobre las prioridades de nuestro actual gobierno.

En las últimas semanas, ha circulado información en torno al recorte del presupuesto sobre diversos programas que impactan directamente a las mujeres, adolescentes y niñas, que incluyen la reducción del financiamiento a las Casas de la Mujer Indígena (CAMI) dedicadas a la salud sexual y reproductiva, así como la atención de la violencia contra las mujeres en comunidades indígenas y afrodescendientes; el recorte al prepuesto destinado a las alertas de violencia de género contra las mujeres, y la disminución de 151 millones de pesos del presupuesto del Instituto Nacional de las Mujeres, que si bien es en materia de operación del Instituto y no en sus programas, lo cierto es, que irremediablemente tiene un impacto en la calidad del trabajo que puede desempeñar la institución rectora del país en materia de igualdad de género.

A estos recortes se suman otros que ya habrían sido implementados con anterioridad, entre ellos, la reducción a los programas de Estancias Infantiles; de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género; de Salud Materna, Sexual y Reproductiva, así como para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres.

Si bien es comprensible que ante la crisis provocada por el COVID-19 se tengan que reducir los gastos y redistribuir los recursos, lo cierto es que, en un país en el cual son asesinadas once mujeres al día, la igualdad y la erradicación de la violencia de género no pueden excluirse de las prioridades del Estado.

Reducir o eliminar los servicios destinados a niñas y mujeres implica desconocer los impactos desproporcionados que la propia pandemia sanitaria ha tenido sobre ellas.

En el contexto de confinamiento generado por la contingencia en el país, la violencia familiar, de la que son víctimas muchas mujeres, se agudiza puesto que se ven obligadas a convivir de manera ininterrumpida con sus agresores en una situación de estrés e incertidumbre, ante los riesgos económicos y de salud que trae aparejados la pandemia. La situación actual podría dejar desprotegidas a miles de niñas y mujeres en México ante el flagelo de la violencia al interior de sus hogares, sin la posibilidad de acceder a servicios de protección y atención en virtud de los múltiples recortes presupuestales.

Lo cierto es que la “austeridad republicana” ha sido ciega, no ha usado las “gafas de género” ni ningún otro enfoque que permita otorgar visibilidad a la realidad que viven las mujeres, niñas y adolescentes en nuestro país.

Es indispensable reconocer que la violencia de género también es una pandemia en México y como tal debe ser atendida, como parte de las líneas prioritarias del gobierno. Más allá de los discursos o las buenas intenciones, un gobierno demuestra inequívocamente la importancia que le otorga a los temas a través del presupuesto. Sin importar lo que se diga o manifieste en conferencias “mañaneras” o discursos políticos, si los temas relacionados con niñas y mujeres no cuentan con presupuesto que permitan atenderlos, el mensaje es claro: esos temas no son relevantes en la agenda de la administración.

En la lista de prioridades de este gobierno no estamos nosotras. Y lo cierto es que, la prioridad tampoco son los temas sanitarios como parecieran hacernos creer estos recortes. De acuerdo con la colaboración más reciente de Data Cívica para su blog “el rubro Combustibles y energía se lleva el 85% del gasto aprobado para desarrollo económico en el presupuesto de 2020, esto es, 1.9 veces el presupuesto aprobado para Salud y 1.5 veces el aprobado para educación”[1]. Como decíamos, las prioridades gubernamentales irremediablemente se manifiestan en el presupuesto.

A pesar de que en repetidas ocasiones el Presidente ha mencionado que “no hay disminución de presupuesto” o bien que “nunca se había protegido tanto a las mujeres” y que “en México no se violan derechos humanos”[2] las acciones gubernamentales y los números reflejan otra realidad. Contrario a las declaraciones del Ejecutivo Federal, la violencia en contra de las mujeres no ha disminuido y así lo corroboran las propias cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que registran tanto las carpetas de investigación iniciadas por delitos cometidos contra mujeres como las llamadas de emergencia recibidas con motivo de actos de violencia en su contra.

Llama la atención que los recortes se realizan en este ámbito aun cuando el artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria señala que los programas presupuestarios dirigidos a la atención de la igualdad entre mujeres y hombres son irreductibles.

En cualquier caso, los recortes presupuestales no pueden realizarse a raja tabla, deben estar basados en análisis cuantitativos y cualitativos que reflejen una estrategia de gobierno, deben ser transparentes y, además, deben considerar como eje rector la garantía de los derechos humanos de todas las personas, particularmente, de aquellas que están en condiciones de vulnerabilidad.

No queremos dejar de señalar que los recortes son en cierta medida posibles debido a los problemas de gestión de las propias instituciones. En cada ejercicio fiscal lo común es que la Secretaría de Hacienda realice recortes al presupuesto de las instituciones que no ha sido ejercido, a fin de realizar distribuciones a otras que parecieran requerirlo más. En este caso, es deplorable que a estas alturas del año no se hubiesen asignado por parte de las instituciones federales, como la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) los recursos destinados a las entidades federativas para la creación o equipamiento de Centros de Justicia para las Mujeres o la atención a las medidas de las declaratorias de alerta de violencia de género.

Es decir, más allá de las motivaciones políticas o incluso sanitarias de los recortes, la posibilidad fáctica de su realización obedece, en última instancia, a una deficiencia gestión administrativa de las instituciones de la Administración Pública Federal encargadas de velar por la defensa y promoción de los derechos de las niñas y mujeres en México.

Ante la situación generada por el COVID-19, se requiere tener estrategias sensibles al género que respondan a las desigualdades y afecciones adicionales que esta pandemia ha representado para las mujeres, disminuir la operación de instituciones que les atienden de manera especializada puede resultar contraproducente, aumentar su situación de vulnerabilidad y las brechas de género existentes.

Las mujeres en México también son parte de la emergencia, y la pandemia ha exacerbado la situación de vulnerabilidad en la que muchas se encuentran. Ante la violencia implacable de la que suelen ser víctimas se necesita una respuesta del Estado contundente, que no niegue la realidad, sino que la muestre, la reconozca, la asuma como propia y la combata. Para ello, sin lugar a duda, se requiere presupuesto.

Esperamos que los recortes a las instituciones encargadas de promover la igualdad o erradicar la violencia contra las mujeres sean redistribuidos en programas o políticas dirigidas a atender las necesidades emergentes de las mujeres, adolescentes y niñas en este país, solo así dichas medidas de austeridad podrán encontrar cabida en las decisiones gubernamentales.

 

Veáse https://blogs.datacivica.org/la-costosa-austeridad.

Citas de palabras texuales del Presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina del 14 de julio de 2020.