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¿Qué pasa con las víctimas? Breves reflexiones sobre el acceso a la justicia

Por Gabriela Ortiz Quintero [1]

Sociedad impune

En Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ) de la Universidad de las Américas de Puebla (UDLA) desde 2015 genera el Índice Global de Impunidad (IGI). El IGI visibiliza cuantitativamente, a nivel global, la problemática de impunidad y la manera en que interactúa con la violencia, la corrupción y las desigualdades.[2]

Para la edición 2020 se analizaron 69 países, ubicando a México en los países con mayores índices de impunidad. A diferencia de ediciones anteriores, México no encabeza la lista de países con mayor impunidad en la Región, pero esto no significa que se observe una mejora o una transformación significativa en el funcionamiento de los sistemas de seguridad y justicia, así como en el respeto a los derechos humanos, según señala el documento.

Entre las recomendaciones para el caso mexicano se señala la urgente necesidad de mejorar el sistema de justicia pues tiene implicaciones, sobre todo, en los procesos de doble victimización, es decir en lo que concierne a aquellas personas que sufren la comisión de un delito y los obstáculos para acceder a la justicia.

Igualmente hace manifiesta la preocupación por las medidas populistas punitivas que reivindican penas más fuertes, prisión preventiva oficiosa o la creación de nuevos tipos penales como estrategias para reducir la impunidad.  Voces provenientes de la academia, sociedad civil y de las mismas instituciones del sistema de justicia, de manera constante, hemos advertido que no es la ruta correcta, ni para reducir la impunidad ni para atender las demandas de las víctimas.

¿Qué pasa con las víctimas?

Por cada delito que queda impune hay una o varias víctimas afectadas en su vida o integridad pidiendo justicia. El contexto de la pandemia por COVID-19, la impunidad y los retos que enfrenta el sistema de justicia son elementos que ponen sobre la mesa la urgencia sobre el acceso a la justicia. De acuerdo con el mapa acumulado de incidencia delictiva del SESNSP[3], de enero a julio de 2020 se registraron más de 1 millón de presuntos delitos, sin dejar al margen que detrás de cada denuncia hay una o varias víctimas esperando justicia y reparación.

Recordemos que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) fue creada hace más de seis años y a la fecha continúa en deuda con centenares de víctimas. En adición a la Comisión se creó el Registro Nacional de Víctimas así como la tarea de gestionar el fondo de reparaciones. Desafortunadamente los primeros años de la CEAV estuvieron marcados por escándalos, corrupción y la renuncia de muchos de sus comisionados, actualmente aún le resta un gran camino por recorrer para consolidarse institucionalmente.  También podemos afirmar que el actual gobierno heredó instituciones de sumamente endebles, por ejemplo, al inicio de la presente administración había aproximadamente 80 personas asesoras jurídicas en la CEAV para todo el territorio nacional.

En materia de acceso a la justicia, la implementación de algunas medidas en casos como Ayotzinapa o la instalación de un esquema de atención de alto nivel para casos como Guardería ABC podrían visibilizar algunos de los avances en acceso a la justicia, sin embargo, las víctimas no están solamente en estos casos, están en todos aquellos en donde se presenta una denuncia, desde un robo simple hasta una grave violación a los derechos humanos.

¿Cuáles son los retos?

En primer lugar, las autoridades federales y locales, deberían abandonar el mito de que las medidas de populismo penal y la restricción a los derechos de la ciudadanía, como aumento en las penalidades, más delitos o más personas en prisión, abonarán a la reconstrucción del tejido social o al acceso a la justicia para las víctimas. Un primer gran paso está en la reducción de los índices de impunidad, pero para ello se debe de continuar con la construcción de instituciones que sean más eficientes en las investigaciones criminales y en la procuración de justicia.

Por otro lado, debe garantizarse la asesoría y representación de las víctimas, tanto en los procesos penales como en los procesos derivados a partir de las violaciones a los derechos humanos. El fortalecimiento de la asesoría jurídica es una asignatura pendiente en la consolidación del sistema penal acusatorio.

Entre las áreas de oportunidad en las comisiones locales sobresale la necesidad recursos económicos, materiales y humanos así como la consolidación de un modelo de atención victimal. A nivel normativo habrá que mejorar la regulación sobre los fondos de reparación, la gestión de sus recursos y quizá revisar los criterios para las cuantificaciones de las reparaciones.

Finalmente, no debemos olvidar que la impunidad tiene otra cara: la cara de las víctimas quienes aún están en la antesala de la justicia, la verdad y la reparación. A estas alturas no está por demás reflexionar si como sociedad solamente identificamos la imposición de castigos como fin último del sistema de justicia. Sin duda, las acciones y avances institucionales que verdaderamente pongan en vigencia los derechos de las víctimas serán aquellas que nos hagan avanzar hacia una sociedad menos impune.

 


[1]Abogada por la Universidad de Guadalajara, Master en Derecho y Litigación Penal por la Southwestern School of Law en Los Ángeles, California. Desde el año 2006 ha estado involucrada en los procesos de reformas procesales en México y en América Latina.

[2] Juan Antonio Le Clerq Ortega y Gerardo Rodríguez Sánchez, Escalas de impunidad en el mundo, (Universidad de las Américas de Puebla, 2020), acceso el 30 de agosto de 2020, https://www.udlap.mx/cesij/files/indices-globales/0-IGI-2020-UDLAP.pdf

[3] «Incidencia delictiva nacional», Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, acceso 30 de agosto de 2020. https://drive.google.com/file/d/1-WHQXEXSvdfZAFuWwODiZ_ycvOPYA00R/view