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Migración ambiental y derechos humanos, asignatura pendiente

Migración ambiental y derechos humanos, asignatura pendiente.

Sandra Álvarez Orozco

Históricamente, se observa que los modelos y políticas mundiales han producido degradación ambiental, cambio climático, incremento en los índices de desigualdad social, accidentes industriales y/o tecnológicos como Chernóbil y Fukushima -entre otros-, así como pandemias como la que estamos viviendo actualmente gracias al SARS-CoV-2 (COVID-19), por mencionar algunos. A la fecha y en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente 2020, podemos reconocer que un gran avance radica en que la comunidad internacional reconoce que todos estos factores puedan provocar la migración de la población a gran escala, reconociéndolos como desplazamientos forzados (Lampis, 2013). Sin embargo, dicha afirmación queda únicamente a nivel discursivo, pues las políticas migratorias actuales tienden a centrarse más en el impacto de catástrofes y o desastres repentinos, emitiendo acciones o programas temporales y dejando su prevención y la integración como medida posterior, incluso si representa un mecanismo de defensa y una estrategia de supervivencia (Alvarez, 2018).

Dentro del estudio de los desplazamientos forzados de la población hay subconjuntos de poblaciones desplazadas, incluidos los refugiados1 y las personas internamente desplazadas. Existe una gran cantidad de debates sobre su diferenciación, pero la principal distinción entre ellos es en cuestiones de territorialidad. Es decir, cuando cruzan una frontera estatal internacionalmente reconocida o no y se encuentran bajo la jurisdicción de su propio Estado, respectivamente.

De acuerdo con los datos publicados por el Centro de Monitoreo de Desplazados Internos (IDCM, por sus siglas en inglés), 20,000 personas se desplazaron por desastres ambientales en México en el 2018 (IDCM, 2019),  de las cuales aproximadamente 13,000 lo hicieron por causa del huracán Willa. Es decir, se corrobora que el cambio climático ya está provocando desplazamientos en México y el mundo.

En términos operativos nos hacemos la siguiente interrogante: ¿cómo debe la comunidad internacional cumplir con su responsabilidad de proteger a los grandes flujos migratorios, sobre todo aquéllos que se producen por la degradación ambiental, el cambio climático y los desastres socioambientales2? Para esto es necesaria una doctrina jurídica y una legislación que identifiquen claramente cuáles son los flujos migratorios, que detalle cada uno de los derechos a que tiene cada conglomerado (desplazados o refugiados), e identifique cuál es la causa que los produce, lo que permitirá delimitar las responsabilidades diferenciadas de cada uno de los actores, el riesgo y el daño al medio ambiente.

Si bien es cierto que los Estados y las autoridades son los responsables directos de respetar y proteger los derechos de las personas (Vicente, 1986), como el derecho al medio ambiente sano para la salud y bienestar de todas, no todos los Estados están dispuestos o son capaces de proteger y proporcionar suficiente apoyo a sus poblaciones desplazadas y mucho menos a aquellas que salen de sus comunidades de origen por degradación ambiental, cambio climático y/o desastres de origen socio-ambiental, como los accidentes industriales y/o tecnológicos. Esto pone a este conglomerado en grave riesgo de ser víctimas de abusos a sus derechos humanos, sumados a los que su condición migratoria trae intrínseca y los convierte en uno de los grupos más vulnerables de la sociedad.

En conclusión, los desplazados internos forzosos de la población, así como los refugiados por causas medio ambientales y cambio climático, requieren de una acción internacional para garantizar su seguridad y sus derechos humanos, ya que el proceso migratorio empeora las condiciones de vida de estas personas a cada paso que se alejan de su hogar y de su país, dejando de ser una medida de integración y adaptación para convertirse en un problema estatal donde se ven involucrados más de dos Estados. De tal manera que definir políticas públicas y marcos normativos sólidos como una medida prioritaria de prevención e integración de las condiciones específicas nos permitirá proteger a miles de personas desplazadas por efectos del cambio climático, degradación ambiental y en muchos casos la intervención humana, desde una esfera más amplia.

* Sandra Álvarez Orozco es subcoordinadora del área legal de Sin Fronteras IAP (@Sinfronteras_1).

 

Trabajos citados

Lampis, A. (2013). Vulnerabilidad y adaptación al cambio climático: debates acerca del concepto de vulnerabilidad y su medición . Colombia .

Alvarez, S. (2018). Migración y desplazamiento interno por desastres industriales. México: UAM.

IDCM. (2019). GRID, 2019. Obtenido de Informe Mundial sobre Desplazamiento Interno, disponible aquí.

Vicente, R. (1986). los derechos humanos y las relaciones internacionales. Cambridge University Press.

 

1 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. Artículo 1 (a) y 2 aprobada el 28 de julio de 1951, sobre el derecho de los Refugiados, define al refugiado como una persona que: … debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de su país; o que careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores no quiera regresar a él.

2 Término que engloba los producidos de manera natural, como inundaciones, terremotos pero que se potencializan por la intervención humana, ante sistemas de planeación urbana e identificación de riesgos insuficientes, así como aquellos que se realizan por la mano del hombre como los accidentes industriales y/o tecnológicos.