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Más letal que el covid-19; derechos humanos en tiempos de pandemia

Más letal que el covid-19; derechos humanos en tiempos de pandemia

Rosa Isabel Medina Parra El Colegio de la Frontera Norte, sede Ciudad Juárez 

 

¿Pandemia? ¿Epidemia? ¿Pandemia? Términos que se escuchan al aparecer una nueva amenaza a la salud del ser humano y aluden a la propagación de una enfermedad. La primera implica el contagio entre personas de una sola región; la segunda al contagio intenso entre habitantes de un solo país sin que salga de sus fronteras y la última es la propagación masiva entre individuos de dos o más países, incluso a nivel mundial. La OMS indica que el primer brote de covid-19 se registró en Wuhan en diciembre de 2019, y para el 11 de marzo de 2020 había más de 500 mil contagios y decenas de miles de muertos propagados en más de 100 localidades a nivel mundial, incluyendo México, país que inicialmente, entre otras medidas preventivas, lanza la Jornada Nacional de Sana Distancia, pero al presentarse un acelerado nivel de contagio, el 21 de abril activa la denominada fase 3, considerada una de las más peligrosas, enfatizando en promover el distanciamiento social, reforzando la campaña Quédate en Casa –medida similar a las adoptadas a nivel internacional–, orientada a prevenir el mayor número de contagios, que se traduce en restringir indefinidamente el contacto físico entre las personas, cancelando eventos masivos, cerrando los espacios públicos, restringiendo los cruces fronterizos, suspendiendo las actividades escolares en los centros educativos y las laborales de actividades no esenciales, tanto del sector privado como del público, paralizando con ello prácticamente todos los rubros productivos. Por lo que se pronostica una gran recesión económica a nivel mundial que, entre otros problemas, agudizará los niveles de desigualdad a partir de la afectación a los trabajadores en general, pero principalmente a los trabajadores informales, a los pequeños negocios y a las mujeres trabajadoras, derivando todo esto en el incremento de la población que vive en condiciones de pobreza y pobreza extrema, cuyo ingreso es inferior al del valor de la canasta básica alimentaria. Ciertamente cada país experimentará dicho impacto de manera distinta, en virtud de su realidad social, su configuración económica y las medidas de contención que implementen, pero que para el caso mexicano estará imbricándose la crisis sanitaria con los grandes retos que atraviesa el país, tales como la inseguridad, el crimen organizado, la corrupción, el desempleo, la insuficiencia de los sistemas de salud, el rezago educativo, la migración, las desapariciones forzadas y los feminicidios, etcétera, donde cobra especial relevancia los niveles de pobreza y la pobreza extrema, cuya población experimenta, entre otras cosas, discriminación, hambre, desnutrición, carencia de seguridad social y de prácticamente todos los servicios de urbanización, por lo que resulta alarmante que la Coneval refiera que existen 61.1 millones de mexicanos viviendo en condiciones de pobreza y 21 millones en pobreza extrema. Si bien la medida Quédate en Casa intenta reducir el número de personas contagiadas y el consecuente incremento de muertes por la pandemia, donde México ya es uno de los 10 países con más decesos por covid-19, el quedarse en casa realmente es un privilegio del cual goza solo un pequeño porcentaje de la población, ya que el 56.2% de los trabajadores lo hacen bajo la informalidad, y consecuentemente no cuentan con ninguna prestación social, de ahí que gran parte de los ingresos de los hogares provenga de lo que puedan obtener diariamente, orillándolos por tanto a elegir entre salir a buscar el sustento enfrentando el riesgo de contagio, o enfrentar el hambre por el aislamiento recomendado, creando con ello una situación desesperante, sobre todo si consideramos que las proyecciones sobre el resultado solamente de la pandemia en este país indican que quienes viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema serán los más afectados, ya que la desocupación masiva del primer semestre de 2020, aunado a la caída generalizada del ingreso, generará 20 millones más de personas pobres. Si bien los gobiernos tienen la obligación de garantizar en todo momento a sus ciudadanos, todas aquellas condiciones que permitan su desarrollo y trascendencia individual, social o colectiva, en tiempos de pandemia deberán sobre todo proteger la vida de las personas, desarrollando estrategias basadas en el respeto a los derechos humanos, salvaguardando su dignidad, garantizando especialmente su derecho a la salud, el acceso a los servicios de sanidad, y a la información real, oportuna y transparente, sobre el proceso evolutivo de la pandemia. Sin embargo, como sociedad somos corresponsables en las medidas de mitigación, pero es imperante conducirnos desde los valores sociales como la generosidad, la justicia, la compasión y la solidaridad, erradicando la apatía y el individualismo, buscando acabar con la pobreza, que finalmente resultó más letal que el covid-19. Desde aquí, mi reconocimiento al personal médico y sanitario.