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Los efectos del TMEC en México ¿Es posible fomentar el desarrollo sin poner en juego los derechos humanos?

Por: Mariana Franco González [1]

Mientras intento escribir el artículo abro la computadora, inicio el navegador; reviso una que otra noticia y busco explícitamente si hay alguna relevante sobre el TMEC. Durante ese proceso ojeo diversas notas de relevancia nacional: “Encuentran 59 cuerpos en una fosa clandestina en Guanajuato”, “En palacio de gobierno de Puebla visten a catrinas asemejando personal médico y pacientes… se pasaron de la raya”, “Aumentan las cifras de violencia familiar y feminicidios en México a raíz del COVID-19”. Por fin logro entrar en materia y encuentro: “¿Qué le espera a México después de las elecciones presidenciales en EEUU?”, “El nuevo TMEC incluye mecanismos de solución y un banco de desarrollo”, “Plan de inversión del sector privado a la luz del TMEC”. Cierro mi computadora y me voy a preparar un café (hasta que pueda digerir la cantidad de información que vino a mi mente en menos de 5 minutos).

 

Lo que me pasó a mi con pocas noticias, es lo que le pasa a México día a día: mundos diversos paralelos que conviven — y subsisten— sin identificar el rumbo común de sus pasos; violaciones graves a los derechos humanos, megaproyectos, violencia estructural y sistemática, competitividad, desarrollo, y, a la vez, corrupción e instituciones desbordadas, víctimas e inversionistas, todo junto, pero sí revuelto y no resuelto.

 

Entonces, me regreso a la materia y; ¡Claro que el TMEC se encuentra relacionado directamente con diversos aspectos que impactan e impactarán a México! Hablar de tratados comerciales es hablar del efecto que tienen en los países involucrados mínimamente en cinco rubros, en: el económico; legal; político; operativo y social. Por ahora me enfocaré en los efectos sociales y en las implicaciones que tiene el TMEC en los derechos humanos del país.

 

El TLCAN (hermano mayor del TMEC) estuvo marcado — desde su origen— por eventos que evidenciaban la diversidad de territorio, así como la falta de atención estatal en ciertos grupos. El primero de enero de 1994, el Tratado de Libre Comercio (esa firma que apuntaría a México hacia el primer mundo) entraba en vigor. Sin embargo, mientras la mayoría de las y los mexicanos festejaban el inicio del año nuevo, el EZLN se levantó exigiendo los reclamos por 500 años de lucha a partir de una declaración de guerra en contra del Estado mexicano. Así, la segunda vuelta de las negociaciones entre México, Canadá y Estados Unidos, le dan vida al TMEC el cual entró en vigor el 1 de julio de 2020 (un año sui generis) en medio de una pandemia mundial, en un clima nacional dividido, en una crisis de violaciones graves a derechos humanos, y año en el que existe una reflexión global respecto a los impactos que estamos generando como humanidad.

 

Los efectos del TLCAN fueron (como las noticias) tan positivas como negativas — dependiendo del cristal en qué se mire— , por ejemplo: Según datos de la Secretaría de Economía y Banxico el antes TLCAN ahora TMEC implica el 65.57% del comercio total del país.[2] También según datos de OXFAM, la pobreza y la desigualdad en México es sumamente tangible pues el 1% de la población maneja el 21% del PIB nacional.[3]

 

Un ejemplo más concreto es que se identifica en el sector minero —de los más controvertidos—pues: en México de acuerdo con cifras INEGI, en 2018 la minería representó el 8.2% del Producto Interno Bruto (PIB) industrial y el 2.4% del PIB Nacional,[4] y al mes de enero de 2020, generó 381 mil 456 empleos directos y genera más de un 2.3 millones de empleos indirectos.[5] Lo anterior al tiempo que la minería ha sido denunciada en diversas ocasiones por propiciar violaciones graves a derechos humanos, tanto por sus actividades directas, como por los efectos en sus extensas cadenas de suministro. Los países que invirtieron mayormente en nuestro país durante 2018 (TLCAN) fueron Canadá con el 66.53% del total de las inversiones, seguido de Estados Unidos.[6] En contraste, en el año 2016, 76% de los municipios productores de oro tuvieron niveles de pobreza mayores al promedio nacional y más de la mitad alcanzó niveles de pobreza extrema que sobrepasan 9.5%, al nivel de pobreza extrema en promedio.[7]

 

El TLCAN, entonces, tuvo efectos diversos entre el desarrollo económico y el desarrollo social. Nos dejó con un país sumamente dividido: el norte y el centro con un desarrollo económico identificado por su rol manufacturero, y el sur (agrícola) fuera de la jugada; mientras que las personas mayormente afectadas —como siempre—: las más vulnerables.

 

Así los datos se encuentran entrelazados, ¿El ying y el yang?, ¿Se necesita sacrificar a uno, para hacer exponencial el otro? ¡No lo creo!, me resulta imposible creer que el desarrollo tiene que hacerse a costa del medio ambiente, fomentando la explotación laboral de las personas más vulnerables y enriqueciendo a unos cuantos sin compartir con sus personas trabajadoras ni con las comunidades a quienes les explotan sus recursos naturales. No se puede tener realmente un desarrollo que ponga en riesgo los derechos, que ponga en manifiesto la falta de igualdad y de oportunidades, pues — a largo plazo— nos cobra factura como sociedad. Además, el clima nacional actual no solo pone en riesgo los derechos humanos, sino que ha llegado a un punto en el que también afecta la estabilidad de la industria, y lamentablemente quienes sufren de manera potencializada dichos efectos son las personas más vulnerables.

 

Entonces, se firma el nuevo TMEC entre los 3 países, el cual nos hace ver una luz en el camino respecto a la salvaguarda de algunos derechos, así como que se solventan algunas cuestiones que se originaron a partir del tratado anterior. La base de ello es que desde el preámbulo se retoman cuestiones sumamente relevantes para los derechos humanos como los aspectos siguientes:

  1. Se retoma la necesidad de incluir a las pequeñas y medianas empresas a la fiesta, al reconocer su importancia en el crecimiento económico, el empleo y la comunidad;
  2. Se reconocen los derechos para priorizar regulaciones para proteger: el bienestar público, la salud pública, la seguridad, la protección del medio ambiente, la conservación de los recursos naturales y la moral pública;
  3. Se integra la necesidad de proteger la salud y la vida de las personas y de los animales;
  4. Se señala la necesidad de promover altos niveles de protección al medio ambiente;
  5. Así como la protección y observancia de los derechos laborales, el mejoramiento de las condiciones de trabajo, el fortalecimiento de la cooperación y la capacidad de las partes en los asuntos laborales;
  6. De manera muy relevante, se reconoce la importancia en el aumento de la participación de los pueblos indígenas en el comercio y la inversión;
  7. Se integra la necesidad de buscar facilitar el acceso igualitario de mujeres y hombres a beneficiarse de las oportunidades creadas por el TMEC.

 

El Capítulo 23 del TMEC retoma la obligación de los países de adoptar leyes que aseguren: la libertad de asociación; el reconocimiento del derecho a la negociación colectiva; la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio; la abolición efectiva del trabajo infantil; la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. Asimismo, se hace especial énfasis en la erradicación de la violencia en contra de las y los trabajadores; el reconocimiento del trabajo de las personas trabajadoras migrantes; así como la necesidad de eliminar la discriminación en contra de las mujeres en los centros de trabajo. Sin duda, la regulación laboral que introduce el TMEC es una de las más relevantes para el país pues a partir de las negociaciones, México legisló y adoptó el 1 de mayo de 2019 la nueva reforma laboral que incluye diversos puntos consensuados entre los países.

 

Algunos sectores tendrán mayor impacto en los derechos humanos que otros. Por ejemplo: se incluyeron medidas en el sector manufacturero como las reglas y procedimientos de origen en la industria automotriz a quien se le obliga a cumplir con un mínimo de Valor de Contenido Laboral, es decir que una porción del vehículo necesariamente debe ser producido a través de sueldos mínimos de 16 dólares la hora.  Asimismo, se amplía la cobertura de bienes textiles con la finalidad de promover la producción que realizan las y los artesanos indígenas. El Capítulo 24 retoma los objetivos referentes a la salvaguarda del derecho a un medio ambiente sano a través del reconocimiento de la contribución del comercio al desarrollo sostenible.

 

A partir de ello, entonces ¿Qué les toca a los Estados, a las empresas y a la sociedad para salvaguardar los derechos humanos en la región?

 

El Estado tiene la obligación de abstenerse a vulnerar los derechos, no debe, por ningún motivo, impulsar leyes que pongan en riesgo los derechos humanos; por ejemplo: no puede limitar derechos justificando el cumplimiento de los acuerdos comerciales[8]. Y dentro de sus obligaciones de hacer, debe: prevenir, investigar, sancionar y reparar, así como generar las acciones correspondientes para hacer frente a los derechos humanos derivadas de las actividades empresariales (desde la propia negociación de los acuerdos, hasta la aplicación de las normas). En el caso de identificar prácticas que pongan en riesgo los derechos, que propicie el aumento de la desigualdad, deberán aplicar la ley, o en su caso activar los mecanismos que el propio TMEC ofrece para denunciar a cualquiera de los dos Estados o sus empresas, con la finalidad de salvaguardar los derechos de su población.

 

Las empresas deberán respetar los derechos. Lo anterior implica evitar que sus propias actividades provoquen o contribuyan a provocar consecuencias negativas sobre los derechos humanos, hagan frente y prevengan o mitiguen las consecuencias negativas relacionadas con sus operaciones, productos o servicios[9]. Lo anterior aplica tanto a empresas nacionales como trasnacionales que se establecen en México. En particular deben adoptar un compromiso político en el que explícitamente señalen su voluntad de respetar los derechos humanos, en específico aquellos que se reconocen en el TMEC. Deberán también implementar mecanismos de debida diligencia tanto al interior de sus centros laborales, en sus cadenas de suministro, así como en el efecto de sus productos y servicios para identificar posibles riesgos en los derechos humanos. Un ejemplo de ello es evaluar al interior de las empresas riesgos relacionados con hostigamiento laboral, violencia sexual, así como la identificación de trabajo forzoso dentro de sus cadenas de suministro (cuestiones que si no se revisan y se denuncian pueden ser directamente sancionados e impedidos respecto a las mercancías y servicios conforme a los mecanismos establecidos por el TMEC).

 

En los casos en los que se hayan cometido vulneraciones a los derechos a la luz del Tratado, el Estado deberá asegurar que se repare a las víctimas y exigir que las empresas e inversionistas participen en dichas medidas de reparación conforme al grado de intervención en las violaciones a derechos humanos, así como que en el país de origen se sancione de igual manera a las empresas involucradas.

 

Finalmente, como sociedad toca identificar aquellas prácticas que violan los derechos humanos a través de un consumo más responsable, así como exigir a las empresas que transparenten sus mecanismos de debida diligencia en materia de derechos humanos. También la sociedad tiene el poder para evidenciar malas prácticas que pongan en riesgo a los derechos y pueden en su momento, activar los mecanismos (estatales, como aquellos que impone el propio tratado), con la finalidad de hacer exigibles los derechos humanos.

 

Es importante mencionar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y de la discusión sobre el Tratado Vinculante en materia de Empresas y Derechos Humanos (mismo que se está discutiendo en estos días), pues cada vez más existe una conciencia internacional sobre la necesidad de poner los derechos humanos sobre cualquier otro interés.

 

El desarrollo que se enfoca meramente en lo económico ya no es sostenible. Los beneficios deben ser compartidos y deben tener una perspectiva de derechos humanos con especial interés en los grupos vulnerables.  En el caso particular, no podemos separar los efectos que el TLCAN produjo en el país, así como otros acuerdos comerciales, que sacrificaron los derechos para hacer una industria más competitiva y por ende ayudaron a que los índices de desigualdad aumentaran, a que se fomentaran condiciones precarias de derechos económicos sociales y culturales de ciertos sectores; cuestión que nos pone en evidencia la necesidad de revertir dichos efectos en este segundo capítulo del acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá.

 

La única forma de hacer frente a los retos mencionados es primeramente aceptar el momento por el que está pasando el país, unir esfuerzos entre los Estados, las empresas, la sociedad y las víctimas para transitar hacia un país que pone en el centro a las personas. Lo anterior, a través de un desarrollo que realmente conduzca a la igualdad de oportunidades al tiempo que es rentable. Es necesario que tanto al interior del país como en las relaciones comerciales se establezcan medidas, a la luz del acuerdo comercial, a fin de que los derechos humanos sean un paraguas de las actividades empresariales en México, fomentar que las inversiones revisen que no se ponen en riesgo los derechos y adoptar mecanismos necesarios para que las empresas respeten los derechos humanos: tanto las nacionales, como aquellas con mayor participación extranjera, así como también las mexicanas que operan en los países en cuestión.

 


[1] Cuenta con un L.L.M. en Derechos Económicos Sociales y Culturales por la Universidad de Essex del Reino Unido, es Maestra en Derechos Humanos y Democracia con mención en Políticas Públicas por la FLACSO y es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Actualmente es miembro de la “Global Business and Human Rights Scholars Association” así cómo de la rama latinoamericana. Es Profesora de la materia Empresas y Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana, consultora y líder de componente en Fortis Consultoría.

[2] «Secretaría de Economía», TLCAN, Tratado de Libre Comercio de América de Norte, acceso el 27 de octubre de 2020, https://www.economia.gob.mx/files/gobmx/comercioexterior/fichas/TMEC.pdf

[3] OXFAM, Gerardo Esquivel Hernández, Desigualdad Extrema en México Concentración del Poder Económico y Político, 2015, p. 7

[4] «Secretaría de Economía e INEGI», Anuario Estadístico de la Minería Mexicana, 2018 Edición 2019, p. 8., https://www.gob.mx/sgm.

[5] Secretaría de Economía, Minería, El sector minero-metalúrgico en México contribuye con el 4 por, ciento del Producto Interno Bruto nacional, 2020, disponible en https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/mineria, consultado el 18 de mayo del 2020.

[6]Ibídem, p. 42

[7] FUNDAR, Las actividades extractivas en México: estado actual, 2016, p. 144

[8] Véase: #NiCensuraNiCandados Disponible en: https://participa.nicensuranicandados.org/

[9] ONU, Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos (ACNUDH), ONU: Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos: puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para ‘proteger, respetar y remediar’, 2011