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Lo que tienes que saber sobre discriminación racial contra las mujeres indígenas en México

Fuente: Animal Político

¿Sabías qué no podemos conocer cómo se imparte justicia a las mujeres indígenas, pues ningún poder judicial local publica sus sentencias?

Recientemente, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de la ONU emitió una serie de recomendaciones al Estado Mexicano sobre la situación de discriminación racial que prevalece en el país, haciendo énfasis en las múltiples e interseccionales formas de discriminación que afectan, particularmente, a las mujeres indígenas en México.

En el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena, tomamos esta oportunidad para dar cuenta de algunos de los retos a los que se refirió el CERD y que están relacionados con el Informe Sombra que preparamos colectivamente y que presentamos ante el propio Comité, en su más reciente periodo de sesiones.

Discriminación en el acceso a la justicia
Justicia Estatal

¿Sabías qué no podemos conocer cómo se imparte justicia a las mujeres indígenas, pues ningún poder judicial local publica sus sentencias?

Entre las prácticas persistentes de discriminación racial y de género que, desde EQUIS Justicia para las Mujeres, hemos documentado en el sistema de justicia, y que fueron referidas por el CERD, están: las violaciones al debido proceso, la falta de una defensa adecuada, la emisión de sentencias basadas en estereotipos o estigmas sobre mujeres indígenas.

El contexto de opacidad judicial que prevalece en el país, y el hecho de que las y los jueces no publican todas sus sentencias, obstaculiza identificar y erradicar la discriminación racial en la impartición de justicia.

Por lo mismo, el Comité recomendó al Estado Mexicano garantizar la transparencia en el sistema judicial como medio para salvaguardar la lucha contra la discriminación racial y el respeto a los derechos humanos. De igual manera, llamó a garantizar que haya personas defensoras con conocimiento de idiomas indígenas e intérpretes disponibles que puedan atender y explicar el contenido de los procesos judiciales a las personas indígenas.

Justicia Indígena

¿Sabías qué las mujeres indígenas acuden, con mayor frecuencia, ante sus propias autoridades para la resolución de casos de violencia y, sin embargo, la justicia indígena ha sido excluida, acotada y precarizada por el Estado?

A pesar de que los sistemas normativos indígenas están reconocidos constitucionalmente, en la práctica, el Estado Mexicano invisibiliza su importancia y contribución en la resolución de conflictos; se ha negado a asignar presupuesto para propiciar su fortalecimiento; y, por el contrario, estigmatiza y limita su funcionamiento a través de prácticas o leyes secundarias que impiden que este sistema de justicia resuelva sobre casos de violencia contra las mujeres. Estas prácticas han debilitado la justicia indígena y, con ello, la posibilidad de responder las expectativas de justicia de las mujeres indígenas.

Reconociendo lo anterior, el CERD recomendó al Estado mexicano reconocer, respetar y fortalecer el sistema de justicia indígena, mediante la armonización, cooperación y coordinación entre las autoridades del sistema de justicia del Estado y los sistemas de justicia indígenas, tanto a nivel local como estatal. Tales acciones deben ir encaminadas, particularmente, a fortalecer el acceso a la justicia de las mujeres indígenas que viven violencia de género.

El Gobierno está obligado a incluir las variables lengua, autoadscripción y color de piel en los censos y encuestas para evaluar la existencia y el alcance de la discriminación racial en la victimización y el acceso a la justicia. Sin embargo, hemos documentado numerosas deficiencias en el diseño, recopilación y captura de datos que impiden, precisamente, detectar –y, así, eliminar–la discriminación racial en el acceso a la justicia. Estas deficiencias van desde la falta de alguna de las variables mencionadas, hasta la ausencia total de ellas en los censos. Incluso, una práctica común en el proceso de recolección de datos de diversos instrumentos estadísticos sobre violencia y acceso a la justicia es que la encuesta se cancele si la mujer entrevistada no habla español, excluyendo, con ello, su testimonio, que resulta crucial para el desarrollo de políticas públicas, que atiendan dichas problemáticas, con pertinencia cultural.

Frente a esta situación, el CERD recomendó al Estado Mexicano fortalecer su sistema de recopilación de datos y revisar las variables y metodologías, con la participación activa de los pueblos indígenas, para garantizar que, en efecto, se genere información fiable, actualizada, desagregada y completa que dé cuenta de la situación de las comunidades y pueblos indígenas, y de las experiencias de las mujeres indígenas en particular.

Consentimiento libre, previo e informado
¿Sabías qué el proyecto turístico del “Tren Maya” no ha asegurado la participación plena de las mujeres indígenas? ¿además de haber violado el carácter previo, informado y culturalmente adecuado de la consulta?

El Estado está obligado a respetar el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos indígenas. Esto es, debe respetar la forma en que cada pueblo y comunidad decide su propio proyecto de vida -colectivo e individual-. Entre otras cosas, la consulta y/o consentimiento es un medio para evitar repetir practicas colonialistas de imposición, saqueo, desplazamiento, despojo.

Al respecto, el Comité CERD manifestó su preocupación por la existencia de serios vacíos y deficiencias en los procesos a los que el Estado Mexicano llama “consulta” ya que, por una parte, no solo no se ha incluido a las comunidades indígenas en el diseño de dichos proyectos, sino que no se les ha consultado antes de otorgar licencias, permisos o de realizar cualquier tipo de trabajos o intervenciones en sus territorios. Por otro lado, se constató que estos procesos no son culturalmente adecuados, pues no se realizan conforme a los usos y costumbres de las comunidades, ni con las autoridades legitimadas para ello; inclusive, la información proporcionada para participar en las “consultas” no es completa, clara ni precisa, lo cual viola el carácter informado que se debe garantizar en las mismas. Por si esto fuera poco, se evidenció que, en muchos casos, “las consultas” son realizadas bajo contextos de amenazas, criminalización y hostigamiento.

En la sesión del Comité se hizo énfasis en que un evento no es consulta, un foro no es consulta, levantar la mano no es consulta. Más aún: si no se garantiza la participación plena de las mujeres indígenas, no es consulta.

Por lo anterior, el CERD recomendó al gobierno garantizar que, previo al otorgamiento de licencias, y desde el diseño, hasta la ejecución de los proyectos de desarrollo económico, turístico, energético, entre otros, se respete el derecho al consentimiento libre, previo e informado, culturalmente adecuado, pacífico, transparente y en condiciones de seguridad, con la debida representación de los pueblos afectados, incluidas las mujeres indígenas.

Ahora bien, entre algunos de los retos y problemáticas sobre las que el CERD omitió pronunciarse están:

La prisión preventiva oficiosa
¿Sabías que, la prisión preventiva oficiosa tiene un efecto desproporcionado y, por lo tanto, discriminatorio sobre las mujeres indígenas? El 85% están privadas de la libertad sin sentencia por el uso de este mecanismo.

La militarización
¿Sabías qué en 2017, debido a la militarización del país, se calcula que 12,323 personas indígenas tuvieron que desplazarse de sus comunidades por la violencia a la que estaban expuestas?

Aún así, celebramos que el CERD haya abordado esta diversidad de temáticas, y haya emitido las recomendaciones aquí señaladas, las cuales, de cumplirse, permitirán mejorar la protección de los derechos de las mujeres indígenas en México.

Creemos que este proceso es una ventana de oportunidad para que los pueblos y comunidades indígenas, en especial las redes, colectivos, y organizaciones de mujeres indígenas, articulen esfuerzos para dar seguimiento y exigir el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado Mexicano en la materia.

Sirva este Día Internacional de la Mujer Indígena para seguir reflexionando, problematizando y visibilizando los retos, pendientes y la ruta para lograr la erradicación de la discriminación en México.

* Fátima Gamboa (@_FatimaEk) es coordinadora del área legal de la organización @EquisJusticia, integrante de la Red Nacional de Abogadas Indígenas y de la Red Iberoamericana de Expertas en Pueblos Indígenas y Cooperación Internacional. Giovanna Salazar (@giovanna_sal) es coordinadora de comunicación de la organización @EquisJusticia.

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