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Exige la ONU consultar a indígenas sobre proyectos en sus tierras

La relatora especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, lamentó hoy los incumplimientos de México con los indígenas y recordó que deben ser consultados antes de impulsar proyectos energéticos, turísticos o inmobiliarios en sus territorios.

Tauli-Corpuz presentó en la Ciudad de México el informe “Cerrando la brecha”, en el que analiza el grado de cumplimiento por parte del Estado mexicano de las recomendaciones que fueron hechas por su predecesor, Rodolfo Stavenhagen, tras visitar el país en 2003.

La actual relatora recorrió México del 8 al 17 de noviembre de 2017, visitando la Ciudad de México y los estados de Guerrero, Chihuahua y Chiapas, donde se reunió con representantes indígenas y autoridades federales, estatales y locales.

Durante su estancia en este país, Tauli-Corpuz constató que existe “una gran brecha” en cuanto a la implementación de las recomendaciones de la ONU, dado que los pueblos indígenas de México “continúan afrontando graves desafíos en el ejercicio de los derechos humanos”.

Entre los incumplimientos que pudo observar, destaca la violación del derecho constitucional de los indígenas a ser debidamente consultados sobre las decisiones que puedan afectar a su calidad de vida, algo que ha empeorado con la reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto.

En ese sentido, señaló que “el actual modelo de megaproyectos extractivos turísticos, inmobiliarios o agroindustriales” supone un incumplimiento de “las obligaciones del Estado” al no realizar una consulta previa, libre e informada, como marca la ley.

“Recibí muchas denuncias contra proyectos mineros, hidroeléctricos y de infraestructuras que fueron ejecutados sin una consulta previa ni el consentimiento libre e informado”, reprochó la relatora.

Tauli-Corpuz lamentó que en muchas ocasiones la consulta se realiza una vez que “han sido emitidos los permisos y autorizaciones para los proyectos” y que la decisión de las comunidades no es libre, dado que está condicionada por “la criminalización y violencia durante el proceso de consulta”.

Esta crítica sirve de aviso al próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que se propone construir una línea de tren que cruzará los estados de Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Chiapas, pasando por pueblos indígenas.

Tauli-Corpuz también expresó una gran preocupación ante las “muchas denuncias sobre la grave violencia debido a disputas de tierras, la expansión de proyectos y la presencia del crimen organizado” en zonas indígenas.

En ese sentido, rememoró los “casos emblemáticos” de la matanza de Acteal de 1997 contra indígenas perpetrada por paramilitares o la desaparición en 2014 de los 43 estudiantes de Ayotzinapa (Guerrero) en manos supuestamente de policías y militares corruptos.

En ambos casos, la relatora reprochó al Estado mexicano que no hubiera “una investigación pronta para proveer justicia” y recordó que “la presencia militar debe ser consultada” en los territorios indígenas.

“Los responsables de amenazas o asesinatos de indígenas, sean agentes policiales o militares, deben ser procesados ante el fuero civil. Y los grupos paramilitares que cometan violaciones de derechos humanos deben ser desmantelados, desarmados y sancionados penalmente”, aseveró.

También lamentó “los graves casos de desplazados por disputas de territorios” que se ven “agravados por la corrupción y la convivencia entre el crimen organizado y las autoridades estatales y municipales”.

El informe insta a México a impulsar reformas jurídicas para proteger los derechos de los indígenas en materias clave como propiedad de tierras, recursos naturales, participación política y acceso a la justicia.

Y propone abrir un debate constitucional para reformar la Ley Fundamental de México para que se reconozca a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público. (EFE)

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