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EPU2018: A 9 años del primer examen de México sobre Derechos Humanos, ONG señalan que ha incumplido

De cara al Tercer Examen Periódico Universal de México, organizaciones ciudadanas acusan que, si bien se ha avanzado en lo normativo desde 2009, en el país prevalece una crisis de violencia, corrupción e impunidad.

Han pasado nueve años desde el primer Examen Periódico Universal (EPU) al que fue sometido México, y aunque desde entonces diferentes países y organismos de la ONU hicieron decenas de recomendaciones, y ha existido un avance en el marco normativo, en el país prevalece una crisis de violencia, corrupción e impunidad.

Esa es la conclusión a la que llegaron más de 200 organizaciones de la sociedad civil, en el documento que entregaron al Consejo de Derechos Humanos, para el EPU del próximo 7 de noviembre.

“De las recomendaciones emitidas en los ciclos del EPU de 2009 y 2013, aquellas que cuentan con cumplimiento total o parcial generalmente se relacionan con acciones normativas o el retiro de reservas a tratados; sin embargo, no ha habido avances significativos en la realidad que viven las personas en el país, por lo que los primeros dos ciclos del EPU nos han dejado con poco o nulo cumplimiento sustantivo”, señaló el #ColectivoEPUmx.

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Este será el segundo EPU para el Estado mexicano, en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto. El previo fue en 2013. Desde entonces, ocurrieron hechos como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, a manos de policías y criminales, y una investigación sobre el caso marcada por la tortura y otras irregularidades.

También las ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya, documentadas por la CNDH. El aumento en los homicidios dolosos, a niveles récord, y el asesinato de más de 40 periodistas, entre otras situaciones graves, de violencia e inseguridad.

“En todas las evaluaciones vamos a ver que siempre hay una mejora en el marco regulatorio, legislativo, que se ratificaron tratados, pero en la realidad, en los hechos, no se ven mejoras relevantes en materia de derechos humanos”, dijo a Animal Político José Antonio Guevara, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

“Yo creo que ha habido, en general, un deterioro en la situación de los derechos humanos, un deterioro porque debimos haber evolucionado para hacer frente a las situaciones que enfrentamos desde 2009”, agregó.

Cuáles fueron las recomendaciones previas

En el EPU de 2009 -cuando el presidente de México era Felipe Calderón-, entre otros puntos, diferentes países le recomendaron a México “hacer todo lo posible” para reducir la desigualdad de ingresos en el país; elevar el nivel de vida de las mujeres, garantizar su presencia en puestos ejecutivos, e implementar un programa general para erradicar la violencia en su contra.

Se recomendó a México implementar una ley sobre desapariciones forzadas, y tipificar ese delito en todos los estados; prevenir y sancionar la tortura, en particular aquella ejercida por las fuerzas de seguridad; mejorar las condiciones de vida en las prisiones, y erradicar la práctica del arraigo.

También, hacer de la lucha contra la impunidad una de las prioridades del gobierno; adoptar medidas firmes para eliminar la corrupción; velar por la seguridad de los periodistas y los defensores de derechos humanos; garantizar que todos los delitos contra los derechos humanos cometidos por las fuerzas armadas sean sometidos a los tribunales civiles, y también preservar el “pleno disfrute de los derechos de los migrantes en el territorio del Estado”.

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En 2013, ya con Peña Nieto como presidente, las naciones hicieron recomendaciones que coinciden con puntos mencionados cuatro años antes, como dar prioridad a prevenir y sancionar la tortura, investigar debidamente las detenciones arbitrarias y las desapariciones, y “asegurar que las violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas contra civiles sean juzgadas en tribunales civiles”.

Se recomendó entonces crear una base de datos de migrantes desaparecidos, y garantizar efectivamente la seguridad y los derechos humanos de los migrantes, que estén en tránsito por México; otras naciones recomendaron abolir el mecanismo de detención preventiva; mejorar las condiciones de las prisiones; establecer un programa integral para combatir y reducir la violencia contra las mujeres, además de reforzar las instituciones judiciales.

Otros puntos recomendados fueron redoblar los esfuerzos para combatir la corrupción y la impunidad en el país; garantizar las asignaciones de presupuesto para el mecanismo de protección de defensores de derechos y periodistas, y prevenir todo tipo de violencia en contra de ellos, así como garantizar que pueblos indígenas sean consultados sobre proyectos económicos y de desarrollo que les afecten.

El gobierno defiende avances

Como lo mencionó José Antonio Guevara, en el documento presentado por el gobierno mexicano de cara al EPU de 2018 -que ya puede consultarse en línea-, se destacan avances normativos, para defender los derechos humanos, como reformas a la Ley de Migración; la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político; la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas; la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (que aún no opera al 100% en el país), y el establecimiento del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

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También la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, aunque hasta ahora dicho Sistema opera de forma incompleta, sin los recursos necesarios en su tarea de hallar a 37 mil desaparecidos.

Organizaciones ciudadanas han pedido su derogación, sin embargo el gobierno incluye en su reporte para el EPU de noviembre la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, señalando que con ella se “regula y dota de certeza jurídica la actuación de las Fuerzas Armadas Mexicanas (FAM) durante amenazas a la seguridad que rebasan las capacidades de las autoridades locales”.

En el documento enviado a la ONU, el gobierno mexicano destaca la implementación de diferentes programas y protocolos, y medidas como el hecho de que se “restringió el ‘arraigo’ como medida cautelar excepcional aplicable sólo a delitos de delincuencia organizada”.

Respecto a la tortura, se menciona que fue aprobada la Ley para prevenirla y sancionarla, además de crearse la Fiscalía Especial en Investigación de ese delito, aunque no se dan datos sobre sus resultados, y el propio gobierno, en un caso emblemático como Ayotzinapa, incurrió en tortura para obtener confesiones, según lo documentó la ONU.

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El gobierno también destaca la implementación del Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de DDHH y Periodistas, aunque en octubre pasado se reportó que, a unos meses del fin de la administración de Peña Nieto, 727 defensores de derechos humanos y periodistas se quedarían sin medidas de protección, ya que fue cortado el presupuesto.

Otros puntos que destaca el gobierno ante la comunidad internacional son reducción en la incidencia de pobreza de 45.5% a 43.6%, de 2012 a 2016; que el rezago educativo se redujo de 19.2% a 17.4%, y que la carencia de acceso a servicios de salud se redujo de 21.5% a 15.5%, un equivalente a 6.2 millones de personas.

En el aspecto de pobreza, aunque el gobierno presumió avances, cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) revelaron que en México hay actualmente 55.3 millones de personas en pobreza, casi 100 mil más que al inicio del sexenio.

Las fallas que señalan ONG, la CNDH y la ONU

Las organizaciones ciudadanas agrupadas en el #ColectivoEPUmx, en su informe para la evaluación, acusan que el Estado mexicano ha incurrido en incumplimiento, respecto a las recomendaciones de 2009 y 2013.

En migración, por ejemplo, señalan que si bien se aprobó un Programa Especial de Migración, en el terreno “continúan predominando las violaciones sistemáticas y sistémicas contra personas migrantes”, además de la adopción de diferentes protocolos.

Aunque la caravana centroamericana que llegó a territorio mexicano en octubre puso de nuevo en evidencia los riesgos, abusos y limitantes que enfrentan las personas al cruzar el país desde naciones como Honduras y Guatemala.

Según cifras oficiales citadas en el informe del Colectivo, de 2014 a 2016, de 5824 delitos cometidos contra personas migrantes en Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Sonora, Coahuila y a nivel federal, sólo existe evidencia de 49 sentencias (0.84%).

Otro rubro: A pesar de que han recomendado a México redoblar esfuerzos en esta materia, “de 2012-2017, fueron asesinados por lo menos 41 periodistas y 110 personas defensoras de derechos humanos en un contexto de 2199 agresiones contra la prensa, con 1973 violaciones a derechos de personas defensoras de 2013 a mayo de 2017”.

En cuanto a corrupción, el colectivo cita un estudio del Grupo de Acción Financiera, donde se menciona que, entre 2013 y 2016, se iniciaron 12,987 investigaciones relacionadas con actos de corrupción, judicializando el 13%, y solo resultando en condenas el 0.39% de los casos.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en ese sentido, reportó a la ONU “los índices de corrupción que perpetuaban las condiciones estructurales de desigualdad, pobreza, exclusión y violencia” en el país.

Otros puntos que señaló la Comisión, para el EPU de noviembre, es que en México “las instancias que debían brindar seguridad eran las que cometían mayores violaciones a la seguridad personal”, y que “la desaparición forzada seguía siendo un problema estructural dentro del diseño institucional y en la operación en las instancias del Estado”.

En el reporte de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que incluye información de comités y relatores que han realizado visitas a México, también se señalan preocupaciones y fallas.

“El Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos observó que, pese a que se habían logrado ciertos progresos, el nivel de violencia en México seguía siendo alarmantemente alto”, se indicó en el documento.

“El Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias destacó los inquietantes niveles de violencia y lamentó el uso excesivo de la fuerza y las ejecuciones extrajudiciales por el ejército y la policía”.

Las desapariciones forzadas, se lee en otro punto, siguen siendo un fenómeno generalizado en gran parte del territorio, y una muestra es el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En otro aspecto, ONU-Mujeres señaló que la desigualdad salarial por razón de género seguía siendo evidente en todos los grupos ocupacionales, y llega hasta el 15% a 20% por un trabajo de igual valor.

Los niveles de pobreza, así como la desigualdad, siguen siendo altos en México, se menciona también en el informe, que estará en el escritorio de todos los países de la ONU que participarán en el Examen Periódico Universal, para hacer preguntas y observaciones a los representantes del gobierno mexicano.