TOP

Empresas y derechos humanos

Fuente: LA SILLA ROTA

 

¿Qué esperamos frente a la emergencia? | Norma Loeza*

La pandemia por covid-19, ha abierto frentes de discusión variados y no todos relacionados solamente con el sector salud. En términos de derechos humanos, las condiciones para protegerlos frente a la emergencia, han ido ocupando un espacio cada vez más relevante en las discusiones públicas.

La solicitud de permanecer en casa para intentar detener el contagio acelerado ha significado suspender actividades administrativas, educativas, comerciales, industriales y de servicios.

La medida ha tomado por sorpresa no sólo a la población, sino también al sector privado, generando reacciones de muchos y diversos tipos. El temor a la recesión y la consecuente crisis económica ha llevado a distintos actores a considerar medidas de estabilización para salir a flote.

Es verdad que el sector productivo esperaba una acción decidida por parte del Gobierno Federal para no frenar la inversión y recibir algún apoyo o estímulo fiscal. Eso no ha sucedido y sin duda, las consecuencias de no aplicar medidas orientadas a este sector -específicamente en el caso de las micros, pequeñas y medianas empresas– podría tener efectos adversos para la actividad económica y el desarrollo en los próximos meses y quizá años.

Por otra parte, no todas las medidas tomadas por el sector empresarial han resultado empáticas con la situación en general, ni con las condiciones de las y los trabajadores. En redes sociales comenzaron a señalarse a empresas que obligaban a sus empleados/as a trabajar, otras que los despidieron, otras más que les avisaron que la cuarentena sería a cuenta de vacaciones o les reducirían los salarios, entre otras.

Trascendieron especialmente casos como el del Grupo Alsea, conocido por ser el operador de restaurantes de comida rápida más grande de América Latina, en donde se afirma que  se informó a las y los empleados mediante un comunicado, que quienes quisieran entrar en la “cuarentena voluntaria” tendrían 30 días de licencia sin goce de sueldo.

Otro caso señalado, fue el de Grupo Salinas, a quien sus trabajadores/as acusan de no suspender labores y de solicitar que sigan trabajando a pesar de la contingencia.

Toda esta situación, lleva a plantear un asunto que es central e irrenunciable en estos momentos: es necesario atender los múltiples efectos de la pandemia, sin ocasionar la vulneración de ningún derecho. Sin embargo, ejemplos como los mencionados -entre otros- permiten señalar que todavía no queda del todo claro cuál es el papel que deben jugar las empresas en la protección de derechos y por qué se torna de particular relevancia en momentos como los que estamos viviendo.

La defensa, promoción y garantía de los derechos humanos se consideraba tradicionalmente como una obligación que sólo comprometía al Estado. Sin embargo, construir y fortalecer una cultura de respeto a los derechos de todas las personas, basada en el reconocimiento de la pluralidad, la igualdad y el llamado a no discriminar, terminó por ser algo más que un deber constitucional y un debate público con mecanismos de exigencia jurídica.

Fue en abril de 2011, que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, aprobó mediante la Resolución 17/4, los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos (PREDH), que a partir de entonces aplican a todos los Estados miembro del Sistema ONU, y a todas a las empresas, sin importar su tamaño, sector, ubicación, propietarios y estructura.

De acuerdo a los PREDH, las empresas se consideran órganos que desempeñan funciones especializadas, que deben apegarse a los marcos legales existentes y por tanto, a los mandatos específicos de respetar los derechos humanos. Ello no implica nuevas obligaciones, en realidad se trata de mejorar las normas y prácticas empresariales, bajo un enfoque de derechos humanos.

Lo anterior permite –entre otras cosas– que las empresas sean conscientes de cómo sus procesos productivos impactan en el acceso y protección de derechos, no sólo los referidos a sus empleados/as, sino también en relación al ambiente, la salud, la protección social, la no discriminación, entre muchos otros.

Este planteamiento puede vivir un impulso enorme con la situación global por la pandemia del covid-19. Los Estados deberán construir alianzas con todos los sectores para atender no sólo la crisis sanitaria, sino la consecuente recesión económica.

Lo que se espera es poner sobre la mesa toda una gama de medidas para superar esta situación global, las cuales obligadamente desde su diseño y puesta en marcha, deberán poner siempre en el centro, a las personas y sus necesidades.

En esta emergencia, la defensa de derechos en todos los ámbitos será central. No habrá reactivación económica o modelo de desarrollo exitoso en el corto, mediano y largo plazo, que no contemple la aplicación de distintos instrumentos de Derechos Humanos, incluyendo a los PREDH.

Empresas y gobierno deben pensar en alternativas que puedan aplicarse sin discriminación y contemplando de manera especial los derechos, necesidades y problemáticas que enfrentarán las personas que trabajan, consumen, crean, viajan, entre un largo etcétera. Tampoco olvidar a los grupos, comunidades y poblaciones cuya vulnerabilidad o marginación las coloca en una situación de mayor riesgo tanto sanitario como económico.

De las empresas esperamos un cambio de perspectiva más cercano a estas obligaciones. Del Estado el acompañamiento y la dirección que lo haga posible. Esta crisis podría traducirse en el cambio de responsabilidad y consciencia que necesitamos para impulsar un nuevo modelo de desarrollo basado en las personas y sus derechos. Ojalá estemos en la condición de lograrlo, aprovechando el momento que nos ha tocado vivir.

*Norma Lorena Loeza Cortés

Educadora, socióloga, latinoamericanista y cinéfila. Orgullosamente normalista y egresada de la Facultad de Ciencias Políticas sociales de la UNAM. Obtuvo la Medalla Alfonso Caso al mérito universitario en el 2002. Fue becaria en el Instituto Mora. Ha colaborado en la sociedad civil como investigadora y activista, y en el gobierno de la Ciudad de México en temas de derechos humanos análisis de políticas y presupuestos públicos y no discriminación, actualmente es consultora. Escribe de cine, toma fotos y sigue esperando algo más aterrador que el Exorcista.