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El poder de decidir: la construcción de un derecho en Argentina

A inicios de este 2021 el derecho a decidir es una realidad en Argentina, pero las argentinas saben bien que el reconocimiento de un derecho no asegura su protección, ahora tienen que conseguir que la ley se cumpla.

María del Pilar González Barreda

Décadas pasaron para que la movilización feminista argentina rompiera con la tradición jurídica que impone la maternidad como destino inevitable. Durante este tiempo la movilización se fortaleció por la diversidad y militancia de sus integrantes. El 30 de diciembre de 2020 será recordado como el día en que este movimiento derrotó al sistema de opresión contenido en la ley; ahora, desde ella, el aborto es reconfigurado como un asunto de justicia social, pero principalmente como un derecho que nos acuerpa colectivamente por algo tan fundamental como poder tomar decisiones libres, informadas y seguras.

Desde 1921 Argentina reconoce dos causales de acceso a aborto legal en su código penal: en caso de violación y cuando el embarazo pone en riesgo la salud de la mujer. A pesar de que en 2012 la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió el famoso caso F.A.L., en el que se determinó que niñas y mujeres víctimas de violencia sexual tienen el derecho a servicios de aborto en el sistema de salud, tal como sucede en México, persisten obstáculos para implementar las causales reconocidas en la ley.

La iniciativa de ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo fue resultado de una de las promesas de campaña del presidente Alberto Fernández. Desde el 17 noviembre, momento en que el ejecutivo anunció la presentación del proyecto, se reforzaron las estrategias de articulación con el poder legislativo. En la Cámara de Diputados se obtuvieron 131 votos a favor, frente a 117 en contra. En el senado, como relata María Florencia Alcaraz, estas estrategias estuvieron presentes hasta un día antes de la votación, emprendidas por las senadoras que apoyaban la iniciativa o coordinadas desde el poder ejecutivo en las últimas semanas. El mismo día de la votación se mantenía un margen de incertidumbre sobre cómo votarían siete de los senadores(as).

La Ley 27.610, aprobada en el senado con 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención, tiene por objeto regular el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto, en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado argentino en materia de salud pública y derechos humanos de las mujeres, y de personas con otras identidades de género con capacidad de gestar 1. Reconoce el derecho a decidir y acceder a la interrupción del embarazo hasta la semana 14 del proceso gestacional, que deberá realizarse dentro de los 10 días contados a partir de su solicitud.

La fuerza simbólica de esta ley radica en construir un derecho a partir del marco constitucional e internacional de los derechos humanos. Se llena de contenido desde la dignidad, la vida, la autonomía, la salud, la educación, la identidad de género, la diversidad étnico-cultural, la privacidad, la libertad de creencias, la información, la igualdad, la no discriminación y la vida libre de violencias. Es producto de la conjunción de esfuerzos políticos encabezados por el ejecutivo, cuyo resultado sería incierto sin los activismos y militancias feministas.

La argentinas han logrado fisurar el mandato de maternidad contenido en la ley, pero de ninguna forma es un asunto unidimensional. La lucha por el aborto legal es atravesada por las resistencias en contra de múltiples violencias. La movilización argentina ha sostenido una lucha por la vida digna en la que las mujeres se apropian de sus deseos. Ha sido una lucha por la libertad y la autonomía. Como detalló en su participación la senadora Anabel Fernández Sagasti, “la centralidad del debate es el poder de decidir”.

En los debates parlamentarios de ambas cámaras algunos argumentos se replican en el tiempo. Son las mismas frases pronunciadas por los grupos antiderechos, traducidas en términos laicos por congresistas que se resisten a proponer reflexiones en favor de las personas invisibilizadas que son desdibujadas del discurso “provida”: las mujeres. Esta clase de argumentos son pronunciados en otros países latinoamericanos, incluido México. Desde esta perspectiva la ley es inamovible, no hay un cuestionamiento sobre a qué sujetas(os) va dirigida, cuáles son las razones por las que la ley fue escrita de esa forma y si vulnera o discrimina a la mitad de la población por razones de género.

En esta ocasión predominó la argumentación que considera al aborto como un asunto de salud pública, y adquiere relevancia la que nombra la autonomía, el deseo y la libertad. Aquella elaborada a partir de la comprensión de las opresiones históricas agravadas por la raza y la condición económica. El debate legislativo del mes de diciembre demostró que ya se formula un discurso desde los derechos humanos de las mujeres en el que la autonomía sexual es central.

Las argentinas no esperaron a que el Estado reconociera el derecho al aborto legal, han tejido “desde la ética de un cuidado popular y feminista, redes de mujeres, lesbianas, travestis y trans que acompañan a otras en sus abortos medicamentosos” 2. En 2005 surgió la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, como una gran alianza de carácter federal. En 2018 presentó un proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. A pesar de lograr un resultado victorioso en la cámara baja, el proyecto de la Campaña fue desechado en el senado. Sin embargo, la construcción y sostenimiento de redes colectivas en toda la Argentina ha sido fundamental para la despenalización social.

A inicios de este 2021 el derecho a decidir es una realidad. Un derecho humano que, como todos, requiere ser materializado y jamás darse por sentado. Tal como acontece en otras regiones de América Latina, las argentinas saben bien que el reconocimiento de un derecho no asegura su protección. Por esto, como señala una de las feministas emblemáticas del movimiento, Nelly Minyersky, conseguida la ley no se acaba el trabajo: “la ley es un elemento necesario, pero no suficiente, ahora hay que conseguir que se cumpla”. De manera inmediata, habrá que estar atentas a su reglamentación, en particular a la figura de objeción de conciencia.

Mientras tanto, la marea verde crece en América Latina, esparciendo lenguajes y prácticas corporales nuevas. La lucha radica en la fuerza colectiva de aquellas que transgreden sociedades patriarcales. Esa fuerza que las argentinas han articulado para nombrar y construir un derecho: el derecho a decidir.

* María del Pilar González Barreda (@picatman) es doctora en Derecho, profesora de la Facultad de Derecho y miembro del grupo de Interrupción Voluntaria del Embarazo del Programa Universitario de Bioética de la UNAM. Entre sus líneas de investigación se encuentran crítica feminista al derecho, derechos humanos de las mujeres, derechos sexuales, derechos reproductivos y aborto.

1 Con esta ley también se aprobó el llamado “Plan de los 1000 días”, propuesto por el presidente argentino para la atención integral de las mujeres durante el embarazo y de sus hijos e hijas en los primeros años de vida. De esta forma, el mandatario visibilizó la importancia de construir el derecho a decidir interrumpir el embarazo. A su vez, en otra ley se protege el acompañamiento a mujeres y personas gestantes en su proyecto de maternidad.

2 Alcaraz, María Florencia, ¡Qué sea ley! La lucha de los feminismos por el aborto legal, Editorial Marea, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2018.