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El olvido y marginación de las personas privadas de su libertad, en México durante la pandemia

El olvido y marginación de las personas privadas de su libertad, en México durante la pandemia

Roxana Velázquez Anselmo[1]

 

La pandemia de coronavirus (COVID-19) ha cambiado la “normalidad” del mundo, nos ha obligado a tener una separación social forzosa, a extremar precauciones sanitarias y a reevaluar nuestros medios de subsistencia económica. La crisis abarca y afecta a todos los sectores sociales, convirtiéndonos a todos en seres vulnerables que vivimos bajo la incertidumbre de cual será nuestra nueva “normalidad”.

Esta pandemia nos ha forzado a parar y ver a nuestro alrededor. La situación se vuelve más complicada para las poblaciones o grupos en situación de vulnerabilidad: las personas que viven al día con su trabajo y que apenas logran sostenerse económicamente, las personas con problemas de salud y que no cuentan con recursos para atenderla salvo los que provee el Estado, personas de la tercera edad, en situación de calle, indígenas e incluso pequeños y medianos empresarios que han tenido que cerrar sus negocios.

Sin embargo, no es tan común que se atienda en el foro público y entre la sociedad en qué condiciones se encuentran las personas privadas de su libertad. Aquellas personas que poseen un estigma y son segregadas en nuestro país. Las personas que viven privadas de su libertad sufren constantemente violaciones a sus derechos humanos. Lo grave es que a la mayor parte de la sociedad esa situación simplemente no les interesa, inclusive, por el contrario, existe un manifiesto odio y actitud de venganza social hacia ellos y ellas.

El castigo penal es entendido por varios autores como un proceso de estigmatización. La designación de “criminal” confiere a una persona una marca que la señala como de inferior estatus en el orden social. Implícito en esta designación está un mensaje de contaminación y riesgo [2].

Algunos de los problemas del sistema penitenciario actuales que afectan directamente a las personas privadas de su libertad y que se agravan la epidemia de COVID -19 son la sobrepoblación, el hacinamiento, la deficiencia en la atención de la salud, la falta de personal médico, así como de equipo y fármacos necesarios para atención de la salud. Ello, aunado a las malas condiciones de diferentes áreas de los establecimientos penitenciarios, así como bajos parámetros de atención de las quejas que se presentan al interior. [3]

Es importante señalar las incidencias en violaciones a derechos que se han mantenido en los últimos años en el sistema penitenciario. Así encontramos que existe una falta de separación entre procesados y sentenciados de un 77.8%, deficientes condiciones materiales y de higiene en diversas instalaciones de los centros en un 76.3% de la población, el hacinamiento lo padece el 43.8%, la sobrepoblación e un 32%, insuficiente personal médico, de seguridad y custodia en el 68.7% de los centro de reclusión, la deficiencia en la atención al derecho de protección de la salud la padece el 48.8% de la población privada de su libertad.

Dichos problemas han existido de forma permanente a lo largo de los años, en las cárceles mexicanas se violan reiteradamente derechos humanos de las personas privadas de la libertad; el derecho a la salud, a permanecer en una estancia digna y el derecho a la seguridad jurídica.

Ante la pandemia resulta fundamental plantearnos si las autoridades realmente tenían o tienen un plan emergente para enfrentar situaciones como esta, que viene a sumarse con todos los problemas que ya de por sí enfrentaba el sistema penitenciario.

De acuerdo con las circulares [4] emitidas por la Subsecretaria del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, en los centros penitenciarios se realizaron diferentes acciones para hacer frente a la epidemia de COVID-19, como sanitizar todos los centros penitenciarios, dotar de material al personal con cubre bocas, guantes, careta y gorros. No obstante, llama la atención que, ninguna de estas medidas va dirigida a la población en reclusión de manera directa, resulta insuficiente que sean únicamente para el personal. Además, no se brinda información respecto a la realización de pruebas para detectar posibles casos en los nuevos ingresos, la ampliación la comunicación por medio de videollamadas y la habilitación de zonas de contención con los elementos médicos necesarios para aislar y tratar a los enfermos.

Asimismo, en el último boletín, del 21 de abril de 2020, se informó que había cuatro personas contagiadas de recién ingreso, que éstas ya se habían aislado, así como puesto en cuarentena al personal que estuvo en contacto con los contagiados. Sin embargo, no han emitido mayores informes y poco se sabe sobre las personas privadas de su libertad y la epidemia de COVID- 19 dentro de los centros penitenciarios. Los boletines no son suficientes para informar cómo es la situación actual frente al COVID- 19 y las personas privadas de su libertad, la información que han dado resulta carente de datos para los familiares y para la sociedad en general.

Debido a las problemáticas en el sistema penitenciario previas existentes, resulta un tanto inverosímil que la información brindada por las autoridades penitenciarias mediante sus circulares sea real y suficiente, es decir, que todos aquellos problemas que aquejaban nuestro sistema penitenciario hubiesen desaparecido y que además fueran fortalecidas las deficiencias para poder enfrentar a la pandemia de forma eficiente.

Es poco creíble que los problemas de sobre población y hacinamiento desaparezcan para lograr cumplir con las recomendaciones del propio gobierno sobre “sana distancia” entre los internos. Además, no se tiene información clara sobre el abastecimiento de insumos de higiene y sanitización para las personas en reclusión, quienes previamente no contaban con acceso ni a jabón. Otra cuestión importante es la alimentación que reciben, sobre la cual no se tiene información si es idónea para fortalecer el sistema inmune ante la pandemia.

No menos importante resultan las visitas de personas externas que, si bien temporalmente están suspendidas, a mediano plazo debe solucionarse, puesto que las personas en reclusión tienen derecho a comunicarse y ver a sus familiares. Asimismo, en muchas ocasiones, en el marco de estas visitas, las personas en reclusión obtienen dinero e insumos para su higiene, alimentación, vestimenta y su subsistencia dentro del centro.

Me gustaría subrayar, que el virus no es el único problema que enfrentan las personas privadas de su libertad durante la pandemia, pues además del inminente riesgo de salud, todos los procesos judiciales fueron detenidos (excepto los de término constitucional). Lo anterior, se traduce en meses extras de reclusión para las personas que están aún sin sentencia y puedan resultar inocentes, así como en limitar la posibilidad para las personas sentenciadas de solicitar algún beneficio pre-liberatorio de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

En este sentido, aunque los cierres temporales de juzgados y tribunales sean acciones que se efectuaron a efecto de proteger al personal del sistema judicial, el Estado debió generar mecanismos o algún programa para el seguimiento de los asuntos por parte de su funcionariado para que no repercutiera en el derecho humano a la seguridad jurídica de las personas privadas de su libertad.

A pesar de que en “poco” tiempo estaremos de regreso a la “normalidad” y se vaya reestableciendo el trabajo del sistema de justicia penal, lo cierto es, que la justicia en nuestro país no ha sido eficaz, pronta y expedita, y que el tiempo que estuvieron detenidos sus expedientes por la suspensión de términos judiciales, fue tiempo que las personas permanecieron privados de su libertad con incertidumbre jurídica, bajo un panorama de miedo, incomunicación, y seguramente sin información ni de sus procedimientos ni de sus familiares.

Cuando se reanuden los términos judiciales, y comience a “funcionar” el sistema de justicia penal, continuará el problema de falta de eficacia del sistema judicial que resuelve cada caso como si solo fuese un expediente más, no una persona que está esperando que la justicia mexicana resuelva y defina su situación jurídica. 

Debemos de interesarnos por las personas que están viviendo privadas de su libertad, ya sea porque fueron parte de una injusticia o “estar en el momento equivocado” o pese a que hubiesen cometido un acto delictivo, son personas con derechos, siguen siendo y serán parte de la sociedad al ser liberadas, por lo que debe ser prioritario que tengan una adecuada reinserción y sean tratados con igualdad en respeto y dignidad como parte de nuestro sistema social, solo así podremos un paso para acabar con la delincuencia y la desigualdad.

Sin importar cuándo llegue la “nueva normalidad” después de la fase tres de la pandemia, en México, las personas privadas de la libertad seguirán siendo un sector en mayor situación de vulnerabilidad, que viven en condiciones de constantes violaciones a sus derechos humanos. El objetivo de reinsertarlas a la sociedad está muy lejos de cumplirse, pues nuestro sistema es incompetente y las personas privadas de su libertad no cuentan con un acompañamiento para poder reinsertarse y generar nuevas oportunidades.

Aún cuando cumplen sus condenas, las personas son doblemente condenadas, tanto por un sistema de justicia penal, poco justo, como por la sociedad, dónde prevalece la estigmatizacón y discriminación a estas personas que siguen estando olvidadas, marginadas y vulneradas en sus derechos más básicos.

Se requiere que, tanto el Estado, como la sociedad piensen de forma colectiva, para resolver de raíz la delincuencia que embarga nuestro país, más allá de un sistema meramente punitivo, con el fin de lograr una verdadera prevención del delito y disminuir la reincidencia de las personas delincuentes.

 

1-Maestra en Derechos Humanos, co-fundadora de Summare, con experiencia en materia penal, género y mujeres privadas de su libertad.

2-Whitman, James Q. (2003). Harsh Justice: Criminal Punishment and the Widening Divide between America and Europe. Nueva York: Oxford University Press.

3-Informe de la CNDH. Personas Privadas de la Libertad.2020. Recuperado desde:

http://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=30087

4-(2020). Boletín . 28-05-2020, de Subsecretaria del Sistema Penitenciario Sitio web: https://penitenciario.cdmx.gob.mx/comunicacion.