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EL OLVIDO Y MARGINACIÓN DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD EN MÉXICO, a cuatro meses de LA PANDEMIA

Por: Roxana Velázquez Anselmo [1]

A casi cuatro meses de entrar en confinamiento por el COVID 19, en México solo se observa, en general, que las medidas tomadas por el gobierno han sido insuficientes e ineficaces, pues lejos de mejorar o controlar la pandemia ha ido en crecimiento dejando estragos en lo económico, lo político y lo social, entre muchos otros sectores.

Estos estragos afectan de manera particular a las poblaciones en condición de vulnerabilidad, una de ellas, la penitenciaria, que a la fecha vive mayor marginación, discriminación y olvido. Su situación se ve agravada frente a la pandemia y la falta de respuesta del Estado mexicano para garantizar las condiciones mínimas necesarias a fin de mitigar los riesgos del COVID 19.

Al 13 de julio del presente año, de acuerdo con las cifras dadas por la CNDH[2] , existen 748 casos de COVID 19 acumulados en los centros penitenciarios, 251 sospechosos, 115 decesos y tres riñas o motines por medidas de seguridad. Asimismo, de conformidad a la organización INTERSECTA “solo de abril a mayo, las personas privadas de la libertad que murieron en las cárceles aumentaron de 49 a 154”[3] , es decir, se triplicaron. De hecho mayo de 2020, es el mes con la tasa más alta de decesos en prisión de los últimos tres años.  Esto último, es un indicio de la marginación de las personas en prisión en la pandemia y la poca atención del Estado a esta población.

Aunado a lo anterior, es preocupante que no existe información clara y especifica de diversos datos para saber con claridad cuáles fueron las causas de muerte y el tipo de población que falleció (hombres, mujeres, edades, etc.). En otras palabras, no se sabe con certeza las causas de muerte y eso pone en duda las cifras que se están presentando de acuerdo con el monitoreo nacional por el COVID 19 en centros penitenciarios. La información es escasa y poco transparente, eso crea sospecha acerca de las verdaderas cifras dentro de los centros penitenciarios y cuál es el estado de salud de las personas privadas de la libertad.

De acuerdo con el último boletín 408 de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario[4]  se han aplicado diversas medidas para atender la pandemia en centros penitenciarios, sin embargo, dada la poca transparencia que han manejado las autoridades no es posible verificar esas medidas, aunado a que el problema de los centros penitenciarios en el marco de la pandemia son enormes para las escasas medidas que se están tomando, pues no resuelve los grandes problemas (que ya existían) como son la sobrepoblación, el hacinamiento, la deficiencia en la atención de la salud, la falta de personal médico, así como de equipo y fármacos necesarios para atención de la salud.

Una problemática adicional es el poco uso de las herramientas jurídicas que están dentro de la Ley Nacional de Ejecución Penal, como son los beneficios preliberacionales [5] y las medidas sustitutivas de la pena. Aunado a que las autoridades judiciales deberían considerar la prisión preventiva oficiosa como lo marca la Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, de carácter excepcional. [6]

En este sentido, conforme al último Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional “mayo ha sido el mes en el que menos personas han sido beneficiadas con libertad vigilada. En tres años, mayo es el mes con menos personas liberadas a través de beneficios preliberacionales y con menos personas liberadas a través de medidas sustitutivas de la pena (…)”. En comparación con abril, la tasa de las personas beneficiadas bajó en 89.5% con respecto a los últimos registros.

También, hay un contraste importante, desde febrero, ya que en ese mes se benefició a un total de 487 personas, en comparación con las 32 personas liberadas en mayo. Al observar los datos a nivel estatal para este último mes, vemos que la mayor parte de las entidades —17, en concreto— no reportan ninguna liberación. Entre aquellas que sí lo hicieron, se encuentran Baja California (8), Estado de México (5), Ciudad de México (3) y Puebla (3). [7]

Las cifras anteriores, son el reflejo de la falta de interés de las autoridades judiciales en dar cumplimiento a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, negando su acceso a la justicia, su atención ante la emergencia sanitaria, a través de medidas especiales de carácter temporal [8]  para atender de manera pronta y expedita, las solicitudes y los beneficios preliberacionales [9] , así como las medidas sustitutivas de la pena.

Es importante evitar la prisión preventiva como medida cautelar (aplicando solo de manera excepcional) y ser totalmente transparentes en la rendición de cuentas sobre las acciones tomadas para las personas privadas de la libertad, ya que de no ser así podría resultar en sistemáticas violaciones a derechos humanos.

Las personas privadas de la libertad requieren que el Estado maximice las medidas sanitarias, les dote de medicamentos para atender a toda la población, cuenten con el personal médico necesario, la atención psicológica, una alimentación suficiente y nutritiva, entre otras medidas.

Me gustaría finalizar con una reflexión, no se trata de proteger a delincuentes y darles beneficios que no les corresponde, no se busca que pasen desapercibidos los delitos que se cometen y que éstos queden impunes. Se trata de concientizar, en primer lugar, que las personas privadas de la libertad son seres humanos, y como tal tienen derechos humanos que el Estado tiene la obligación de proteger. Se trata de exigir al Estado que cumpla con sus obligaciones y que exista la justicia, no el castigo y la criminalización. Se trata de exigir que el sistema judicial se apegue a legalidad y se garantice el Estado de derecho.

Además, nos corresponde a todas las personas en la sociedad velar porque se cumplan los mandatos constitucionales y exigir a la autoridad acciones y transparencia, dejar de ser individualistas con lo que no afecta directamente, porque lo único que generamos es dar poder al Estado para no actuar conforme al mandato Constitucional. Si nosotros insistimos en marginar a las personas privadas de la libertad, seguirá aumentando la violencia, y estará lejana la seguridad que tanto buscamos y anhelamos. Al contribuir discriminado a las personas en reclusión nos sumamos a reforzar las desventajas y desigualdades existentes y no damos oportunidad a la reinserción social. Si se quiere que tengamos un México con paz, lo primero que debemos empezar a tener es empatía por las personas que viven en una situación vulnerable.

 

 

 


[1] Maestra en Derechos Humanos, co-fundadora de Summare, con experiencia en materia penal, género y mujeres privadas de su libertad.

[2] Comisión Nacional de Derechos Humanos. (2020, 13 julio). CNDH:status. https://twitter.com/CNDH. https://twitter.com/CNDH/status/1282731877632102402?s=20

[3]  ORTEGA ADRIANA, A. O., & Vela Estefanía, E. V. (s. f.). ¿Clemencia? Arbitrariedad. http://www.intersecta.org. Recuperado 13 de julio de 2020, de http://www.intersecta.org/clemencia-arbitrariedad/

[4] (2020). Boletín . 13-07-2020, de Subsecretaria del Sistema Penitenciario Sitio web:

https://penitenciario.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/gobierno-de-la-cdmx-contiene-contagios-de-covid-19-en-centros-penitenciarios-con-acciones-coordinadas.

[5] LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. Artículos 147 a 151, 136- 144. Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2016.

[6] CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Articulo 19. Nuevo Código publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2014.Última reforma publicada DOF 22-01-2020.

[7] ORTEGA ADRIANA, A. O., & Vela Estefanía, E. V. (s. f.). Op. Cit.

[8] Artículo 4 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, 1979.

[9] LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. Op. Cit,. Artículos 147 a 151.