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El decálogo de la violencia feminicida en México

Por: Isabel López Padilla y Jimena Vilchis Cordero

En estos días los feminicidios de Ingrid E (25 años) y de Fátima N (7 años) han movilizado a cientos de mujeres en la Ciudad de México para exigir un alto a la violencia feminicida en contra de mujeres, adolescentes y niñas en nuestro país.

Ante las exigencias de justicia y de una respuesta eficaz para esta epidemia social, el Ejecutivo Federal ha dado una respuesta precaria a través del Decálogo del presidente de México vs la violencia hacia las mujeres, el cual no sólo no contiene ninguna acción concreta para atender la problemática, sino que desconoce las dimensiones del fenómeno social que en teoría pretende combatir.

Durante 2019, se registraron 3,795 asesinatos de mujeres en el país[1], lo que representa un total de10 mujeres asesinadas por día. Los feminicidios suelen ser el acto más visible de la violencia de género; por desgracia, son tan sólo la punta del iceberg. Los casos de Ingrid y Fátima no son incidentes aislados, sino que forman parte de la violencia estructural que se ejerce todos los días contra niñas y mujeres.

Los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en Hogares 2016 (la edición más reciente) demuestran que la violencia contra las mujeres es un problema de enormes dimensiones y una práctica social ampliamente extendida en todo el país; el 66% de las mujeres de 15 años o más en México ha sido víctima de violencia ya sea psicológica, física, sexual económica, patrimonial o discriminación laboral.

Decimos que la violencia de género contra mujeres es estructural puesto que está amparada por un sistema de valores, creencias y normas sociales sobre cómo son, pueden y deben ser las mujeres. Este fenómeno responde a arraigadas estructuras y normas sociales construidas con base al género que sitúan a las mujeres en una situación de especial vulnerabilidad. Los actos de violencia contra las mujeres responden a un patrón de comportamiento social sistemático y extendido que refuerza las múltiples disparidades existentes entre hombres y mujeres.

Pareciera que siempre existe algún motivo por el cual la víctima “merecía” ser asesinada: “estaba sola”, “salió de noche”, “vestía provocativamente”. Incluso en el caso de Fátima, la reacción social, ante el atroz asesinato y tortura de una niña de 7 años, culpa a la madre que ese día llegó varios minutos tarde por su hija a la escuela; “dónde estaba esa mala madre”. Como sociedad nos cuesta demasiado señalar cómo únicos y verdaderos responsables a los perpetradores de la violencia, de algún u otro modo tendemos a justificar lo injustificable.

A su vez, los medios de comunicación contribuyen revictimizando a las mujeres y a sus familias ya sea través de sus encabezados, textos o las imágenes que perpetúan la violencia en su contra.

En este sentido, es urgente erradicar la cultura de complicidad e impunidad que existe alrededor de la violencia de género y transformar los patrones socioculturales que precisamente permiten su perpetuación. Una tarea de esta envergadura resulta imposible a través de un decálogo o incluso una Constitución moral, también referida por el Ejecutivo Federal.

La violencia contra las mujeres es un problema multifactorial que requiere ser abordado desde múltiples niveles involucrando a todos los sectores de la sociedad. En el corto y mediano plazo, se debe castigar a los responsables y proporcionar apoyo, justicia y reparación a las víctimas, pero la sola mitigación de las consecuencias jamás disminuirá la incidencia de la violencia. Las estrategias encaminadas a la prevención deben ser una prioridad y todas las intervenciones y políticas del Estado mexicano en materia de violencia contra las mujeres deben buscar forzosamente resultados de carácter preventivo.

Generar una política pública efectiva requiere de la comprensión de las características de la problemática que se pretende atender. Todos los asesinatos son sumamente graves. Sin embargo, las respuestas a las preguntas quién y cómo matan a las mujeres difieren significativamente de las respuestas en el caso de los asesinatos de los hombres.

A diferencia de los hombres que suelen ser asesinados con arma de fuego por otros hombres con los que no necesariamente tenían una relación, las mujeres en México mueren principalmente a mano de sus parejas, exparejas o de personas a quienes conocían, en su gran mayoría hombres, mutiladas, asfixiadas, golpeadas, acuchilladas o ahorcadas y sus cuerpos mutilados son desechados en las vías públicas, frecuentemente con signos de tortura sexual.

Los métodos de ejecución denotan el dominio que el perpetrador quiere ejercer sobre la víctima reforzando la situación de subordinación en la que ésta “debe” encontrarse respecto a su agresor. Son asesinadas bajo la creencia social de que les pertenecen a los hombres, que su vida y su cuerpo son desechables y, lamentablemente la impunidad social y del Estado no muestra lo contrario.

Una política de Estado integral para responder a la violencia feminicida requiere mas que listado de buenos deseos e intenciones; debe atender las casusas estructurales de la desigualdad entre mujeres y hombres y combatir de modo directo los patrones socioculturales que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para los hombres y las mujeres que legitiman o exacerban la violencia contra las mujeres.[2]

Frente al contexto de violencia que vivimos, se pueden pensar en medidas emergentes, que deberán ser complementadas con políticas de prevención más integrales. Les dejamos una propuesta de diez acciones:

  • Revisar las carpetas y/o expedientes de investigación abiertas por el delito de violencia familiar, a fin de garantizar una protección y atención integral a las víctimas, sus hijas e hijos. Dicha atención debe brindar una red de apoyo y recursos encaminados al empoderamiento de la víctima que le permita independizarse económica y emocionalmente de su agresor. Las medidas de protección deben ser determinadas conforme a un análisis de riesgo objetivo y valoradas periódicamente.
  • Investigar con debida diligencia todas las muertes violentas de mujeres como presuntos feminicidios pudiendo descartar dicho tipo penal en el transcurso de la investigación a partir de las pruebas científicas encontradas.
  • Generar mecanismos para garantizar el acceso a la justicia a las mujeres víctimas de violencia, tomando en consideración su contexto y la localización de las instancias facultadas para brindarle la atención correspondiente.
  • Diseñar una estrategia educativa transversal en materia de derechos humanos de las mujeres y perspectiva de género, que tenga como objetivo transformar los patrones culturales y enseñe a las niñas, niños y adolescentes, a identificar la violencia, prevenirla, no generarla, no reproducirla y denunciarla.
  • Capacitar y profesionalizar al profesorado a fin de detectar situaciones de riesgo e implementar medidas adecuadas de protección, especialmente en favor de la niñez.
  • Llevar a cabo un análisis de riesgo objetivo respecto de la situación particular de las mujeres que sufren violencia familiar a fin de emitir, implementar y dar seguimiento a órdenes de protección en favor de las mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos.
  • Generar convenios de colaboración con los medios de comunicación para sensibilizarles a fin de llevar a cabo su labor desde una perspectiva de género y derechos humanos, respeto a las víctimas y la violencia contra las mujeres.
  • Transmitir un mensaje unificado de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres por parte de todas las autoridades de alto mando del país. Este mensaje debe implicar una clara condena y rechazo a la violencia en todas sus manifestaciones y un respaldo incuestionable a las víctimas y sus familiares.
  • Crear espacios públicos seguros: aumentar la iluminación en espacios poco iluminados; colocar postes o botones de emergencia; llevar a cabo rondines policiales en las zonas de mayor incidencia delictiva, y generar espacios recreativos.
  • Impulsar políticas para la construcción de masculinidades no violentas a través de programas y talleres de crianza que respaldan o alienten a los hombres para que ejerzan responsablemente su paternidad y responsabilidades de cuidado, así como campañas dirigidas a los hombres a partir del reconocimiento de sus necesidades y realidades específicas basadas en la construcción social de las funciones de ambos sexos.

Disminuir la prevalencia de violencia contra mujeres, adolescentes y niñas requiere aceptar y reconocer la magnitud del problema, especialmente la forma en la que, como parte de esa violencia estructural, recurrentemente se culpabiliza a las víctimas y se excusa a los perpetradores: los feminicidios ocurren todos los días ante los ojos de una sociedad que lo permite, lo invisibiliza, lo naturaliza.

[1] De éstos, 976 fueron investigados como presuntos feminicidios de conformidad con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Cabe señalar que a pesar de que los elementos del tipo penal del delito de feminicidio, en la mayoría de los estados, prevén elementos objetivos para considerar la existencia de razones de género en la comisión del ilícito, es frecuente que los asesinatos de mujeres no se investiguen como feminicidios debido a la falta de capacidad y/o voluntad del personal de procuración de justicia. En este sentido, las cifras de feminicidio registradas suelen ser inexactas y no logran dimensionar la magnitud real de la problemática en el país.

[2] Esta es una obligación internacional del Estado mexicano conforme a los compromisos asumidos al ratificar la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.