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¿De las leyes nace el amor?


La diversidad sexual ha sido, históricamente, un tema controvertido en la agenda pública. Con frecuencia, las personas tienen una opinión negativa acerca de las personas no heterosexuales: prejuicios que son socialmente construidos y reforzados en relación con la orientación sexual y/o la identidad sexo-genérica.1 Este tipo de prejuicios pueden variar en su magnitud: por un lado —en el polo más amable—, consisten en sólo una actitud negativa en contra de las minorías sexuales y, por otro lado —en el extremo más violento—, estas actitudes motivan actos discriminatorios y crímenes de odio.

Uno de los debates teóricos respecto a este tema es el origen del prejuicio sexual. Por ejemplo, Zaller plantea que después de que, en 1990, la Organización Mundial de la Salud desclasificara la homosexualidad como una enfermedad mental,2 los medios de comunicación viraron de un enfoque estigmatizante a uno basado en derechos civiles e inclusión.3 Es decir, el contexto en el que se socializa una idea relacionada a las personas sexualmente diversas tiene un efecto sobre las actitudes —de aceptación o rechazo— hacia las mismas.

Una forma de medir el contexto es por medio de legislaciones y su nivel de inclusión a minorías sexuales. En este punto, se podría extender un debate amplísimo de qué leyes tomar en cuenta, cómo su aplicación afecta de formas diversas a las distintas letras del acrónimo LGBT+, entre otros elementos relevantes e interesantes. Por razones de practicidad, exploro la relación entre la forma en la que los congresos locales definen matrimonio (y su tiempo de vigencia) y la variación en el apoyo hacia políticas de inclusión a favor de las minorías sexuales; me permito hacer una afirmación atrevida: el reconocimiento de las uniones matrimoniales entre parejas del mismo sexo tiene como efecto secundario la socialización positiva de esta minoría sexual entre la mayoría buga.


Ilustración: David Peón

Los datos

Las dos principales fuentes de información de esta investigación son, primero, las encuestas del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP) de 2012, 2014 y 2017, específicamente las preguntas que refieren al apoyo o rechazo de los matrimonios entre personas del mismo sexo —en total, se cuentan con 2,829 observaciones cuya representatividad es nacional y municipal. Segundo, una revisión de los códigos civiles y familiares de las 32 entidades federativas mexicanas.

México: entre la diversidad y el conservadurismo

Una de las principales consecuencias del federalismo en México es la libertad que se le otorga a las entidades federativas para legislar en materia civil; ésta comprende las especificidades y requisitos para contraer matrimonio. A causa de este principio constitucional federalista, el acceso al matrimonio por parte de personas no heterosexuales varía entre las entidades: mientras que una pareja de hombres gays residentes de la capital pueden casarse sin mayor premura, una pareja de lesbianas tamaulipecas tendrá que enfrentar costos legales y monetarios para contraer nupcias. En este sentido, en México, existen tres niveles de inclusión: nulo, el matrimonio es la unión entre hombre y mujer; parcial, la entidad cuenta con una ley en la que, por lo menos, algunos beneficios de las uniones conyugales están contemplados; total, el matrimonio es una unión entre personas.

A lo largo del tiempo, cada vez más entidades se han sumado a niveles más altos de inclusión, como lo muestran las siguientes visualizaciones.


 

Además, si analizamos de forma breve las definiciones de matrimonio de aquellas entidades nada incluyentes, es posible observar que —desde la ley— se refuerzan roles de género cuyo sentido es muy conservador. Por ejemplo, el código civil de Aguascalientes establece que el matrimonio es “la unión legal de un solo hombre y una sola mujer, para procurar su ayuda mutua, guardarse fidelidad, perpetuar la especie y crear entre ellos una comunidad de vida permanente”.

Palabras más usadas en legislaciones nada incluyentes


El efecto de la inclusión

Con el objetivo de poner a prueba si las actitudes hacia el matrimonio igualitario tienden a variar de acuerdo con el nivel de inclusión de las leyes en cada entidad, estimo los parámetros de una regresión múltiple lineal: se analizan las probabilidades de que la variable dependiente —en este caso, las actitudes respecto al matrimonio igualitario— suceda, dadas las variables explicativas —el nivel de inclusión y un par de variables de control.4

Al usar métodos de simulación estadística,5 se observa que los distintos niveles de inclusión tienen, efectivamente, diversos grados de aceptación hacia el matrimonio igualitario —tanto en el promedio, como en los intervalos de confianza al 90%. Estas diferencias son particularmente notables entre aquellas entidades que contemplan algún tipo de unión civil entre parejas del mismo sexo y aquellas que no lo hacen.

Si se aplica la misma metodología anterior a los tiempos de vigencia de las leyes en cuestión, se observa que ambos niveles de inclusión tienen un efecto positivo en los valores promedio predichos de actitudes hacia el matrimonio igualitario. Sin embargo, el nivel de inclusión total tiene un efecto ligeramente mayor al del nivel parcial: sustituir el concepto de matrimonio como la unión entre hombre y mujer por la unión entre personas actúa como un mejor socializador de la aceptación hacia parejas sexualmente diversas, en comparación con la creación de una figura legal secundaria.

Si bien existe un traslape en los intervalos de confianza, éste puede deberse a que la mayoría de las entidades federativas que en algún momento optó por legislar una Ley de Sociedad de Convivencia, posteriormente, reformó el código civil estatal. Un análisis más profundo al respecto podría hacer una distinción entre ambos efectos; éste es un pendiente de esta investigación.

Y… ¿de las leyes nace el amor?

En conclusión, las y los legisladores al apoyar políticas de inclusión a minorías —en este caso, sexuales— contribuyen en la protección institucional de éstas, más ésta no es la única consecuencia. Por un lado, el reconocimiento expreso en las legislaciones modifica la forma en la que éstas se socializan: pasan de ser un estigma a una forma distinta de normalidad. Por otro lado, la definición legal y, hasta cierto punto abstracta, de la unión matrimonial también se traduce en un mecanismo de seguridad y libertad para las parejas del mismo sexo —en tanto este concepto se acompañe de la implementación de una política pública integral de protección y no discriminación.

Este artículo es una invitación a dos cosas: primero, exhortar a las y los legisladores a contribuir en la edificación de una democracia más igualitaria; segundo, a reflexionar acerca de la importancia de exigir —desde distintos espacios— la legislación de políticas incluyentes —no sólo a minorías sexuales, sino a migrantes, indígenas, entre otros grupos en situación de vulnerabilidad.

 

Katia Guzmán Martínez

Notas
Aquí se puede consultar el código con el que se construyó este artículo, así como los datos y las gráficas que se incluyen.
Este artículo es un breve resumen de una investigación más extensa que puede ser consultada aquí.


1 Herek, Gregory. 1988. “Heterosexuals’ Attitudes toward Lesbians and Gay Men: Correlates and Gender Differences”. The Journal of Sex Research 25, número 4: 451-77.

2 Zaller, John R. 1992. “Epilogue: the question of elite domination of public opinion”. En The Nature and Origins of Mass Opinion. Cambridge University Press: 310-332.

3 Este suceso se conmemora el próximo 17 de mayo en el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia.

4 Las variables de control que elegí, por razones teóricas, son: ideología, importancia de la religión, escolaridad, edad y género.

5 Se utilizan métodos de simulación estadística para obtener valores predichos: se fija el perfil promedio de la o el entrevistado (mujer de 40 años de edad, con 10 años de escolaridad, cuya ideología se alinea al centro y valora a la religión como algo importante) y, posteriormente, se estiman los valores promedio con base en los coeficientes y la matriz de covarianzas de la regresión múltiple lineal. Se calcularon 10,000 simulaciones para esta estimación.

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