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5 políticas que sí funcionan para proteger a las mujeres

¿Cómo proteger a las mujeres de la violencia? América Latina y el Caribe tiene uno de los niveles de violencia más altos del mundo, que afecta de manera particular a las poblaciones en riesgo. Las mujeres son uno de esos grupos vulnerables. Las estadísticas son escalofriantes: una de cada tres latinoamericanas ha experimentado algún tipo de agresión física o sexual en algún momento en su vida. Y al contrario de lo que se piensa, la violencia contra las mujeres es un fenómeno que no discrimina por edad, ni por nivel económico o social.

Al contrario de lo que se piensa, la violencia contra las mujeres es un fenómeno que no discrimina por edad, ni por nivel económico o social

La violencia contra la mujer es uno de los temas prioritarios de la agenda de seguridad ciudadana y justicia en la región. Los principales modelos de intervención incluyen:

Para proteger a las mujeres de la violencia… ¿qué funciona?

La pregunta clave es: De todos esos modelos de intervención, ¿cuáles son las acciones más efectivas para prevenir la violencia contra la mujer? Desde el Banco Interamericano de Desarrollo hemos identificado algunas lecciones y elementos clave para una intervención efectiva en la prevención de la violencia contra la mujer.

La desigualdad de género es la gran causa de la violencia de género. Está demostrado que el nivel de vulnerabilidad a la violencia de la mujer depende en gran medida de su posicionamiento social y de factores de riesgo de los agresores. Por ejemplo, los varones que experimentaron la violencia de pareja durante su infancia, que crecieron en de desigualdad de género, o donde estaba aceptada la falta de autonomía de las mujeres tienen más tendencia a maltratar a sus parejas. También se identifica un mayor índice de maltrato contra la mujer entre aquellos varones que muestran comportamientos agresivos en otros entornos sociales fuera del ámbito del hogar.

La evidencia demuestra que la violencia contra la mujer se puede prevenir. Si la violencia contra la mujer es una conducta que se desarrolla desde edades tempranas, la prevención para proteger a este grupo es imprescindible. Entre los factores de riesgo más comunes relacionados empíricamente con la violencia contra la mujer se encuentran los siguientes: (i) el haber sido testigo de violencia íntima de pareja durante la niñez o haber sufrido abusos infantil; (ii) vinculación con pandillas o con grupos delictivos, múltiples parejas por parte del hombre, abuso de alcohol y sustancias; (iii) vivir en áreas con altas tasas delictivas e insuficientes oportunidades económicas; y (iv) normas culturales discriminatorias contra la mujer.

Es esencial tener un diagnóstico riguroso del origen de la violencia contra la mujer. Los factores de riesgos son distintos en cada país, localidad y comunidad. Por ello, los programas de prevención de la violencia deben tener objetivos claros, para lo cual se requiere identificar adecuadamente los factores de riesgo que se busca eliminar.

Es importante abarcar una perspectiva holística que preste atención a los factores de riesgo en el ámbito individual, relacional, comunitario y social. Una de las principales conclusiones sobre las causas de violencia de género es que los factores sociales, comunitarios y relacionales desempeñan un papel importante en la determinación de los niveles generales de violencia. Se ha detectado, por ejemplo, que muchos agresores tienen algunas características comunes como baja autoestima, bajo rendimiento académico, consumo de alcohol y drogas, personalidad antisocial, desempleo o historial de haber sido víctima de abusos en la infancia. Otros factores de que se repiten con más frecuencia entre los agresores son vivir en condiciones de hacinamiento y en una comunidad que respalda la inequidad de género o donde las mujeres reciben salarios inferiores a los hombres. En el lado opuesto, también se han identificado “elementos protectores” que se relacionan con una menor violencia contra la mujer, como la educación secundaria completa, la autonomía económica, y el acceso a servicios de seguridad y judiciales de calidad. En otras palabras: proteger a las mujeres significa empoderarlas.

La evaluación de los programas es fundamental. Cualquier modelo de evaluación o monitoreo utilizado debe tener en cuenta la situación particular de la mujer víctima y velar por su seguridad e intimidad. Por ejemplo, en un estudio del BID se demostró que si bien las transferencias condicionados contribuyeron a una reducción del 6% de la violencia intrafamiliar en el corto plazo en Colombia, esto solo aplicó a la región con mayor riqueza. En contextos de mayor pobreza no solo no hubo reducciones en los índices de violencia, sino que incluso se llegaron a registrar incrementos.

LÍDERES PARA LA GESTIÓN CIUDADANA

La elaboración de políticas y programas especialmente diseñados para proteger a las mujeres de la violencia debe ser una prioridad para América Latina y el Caribe. Con el fin de contribuir a éste y otros desafíos de seguridad en la región, el Banco Interamericano de Desarrollo lanzó el curso de Líderes para la Gestión en Seguridad Ciudadana y Justicia, desarrollado junto con el consorcio de universidades conformado por el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, Colegio de Justicia Criminal John Jay de la Universidad de la Ciudad de Nueva York y la Facultad de Derecho de Santa María (FADISMA) de Brasil.

Karelia Villa
Sobre el autor

Karelia Villa es Especialista Senior en Seguridad Ciudadana en el Banco Interamericano de Desarrollo. Es el punto focal para el trabajo de Seguridad Ciudadana del Banco en México, Centro América y República Dominicana, y tiene más de 15 años de experiencia apoyando procesos de modernización del estado en América Latina y el Caribe. Tiene una Maestría en Políticas Públicas de la Universidad de George Washington y obtuvo su Licenciatura en Economía en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México.

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Sobre el autor

Bárbara Cedillo es consultora del área de Seguridad Ciudadana y Justicia del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, D.C. Es maestra en Seguridad por la Universidad de Georgetown y licenciada en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Ha sido consultora del Departamento de Seguridad Pública de la OEA y del Banco Mundial en Washington, DC. Anteriormente, trabajó en el área de comunicación social del Consejo de Seguridad Nacional de la Presidencia de la República en México.